Las implicaciones del paro armado y la extradición de ‘Otoniel’ | El lunes en Mesa Capital

“Las víctimas han pedido que Otoniel sea escuchado, ya que el prontuario criminal le ha permitido conocer las dinámicas y las estructuras que arrojan relaciones de poder muy importante en todos los niveles de la política del país. Era importante que el Estado fallara para saber si él tendría una convalecencia con la JEP o con Justicia y Paz. La zozobra e incertidumbre es bastante latente con las víctimas. Nos queda exigirle al gobierno que tenga acciones mucho más responsables y decentes frente a la independencia judicial”, declara César Santoyo, director del colectivo Fals Borda.

“Este tipo de estructuras siguen existiendo por varios motivos: después de los acuerdos de paz con las FARC, hubo territorios que quedan desprotegidos, al quedar apartados comienzan a ser cooptados por otros grupos, como los paramilitares, y sigue existiendo la disputa del control de territorios que son fundamentales para las economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal”, explica Isaac Morales, coordinador de la fundación PARES.

“El clan del golfo tiene presencia en 210 municipios, más o menos, y eso ha incrementado durante el Gobierno del presidente Duque. Esto está asociado con la crisis de la política de seguridad y defensa del actual gobierno porque no ha sido capaz de cooptar estos territorios. Hoy, el incumplimiento de los acuerdos de paz y la falta de voluntad del gobierno Duque, de hacer presencia en los territorios, demuestra que no hay un Estado capaz de suplir las necesidades de la ciudadanía”, señala Isaac Morales.

“El clan del Golfo sigue ahí, el narcotráfico sigue ahí, la pobreza que avanza, también y quien no está es el Estado, que abandona a la gente a su suerte, siempre que no afecte sus posiciones políticas de ninguna manera”, concluye el moderador de Mesa Capital.