Proyecto en Senado propone castración química para violadores de menores
El objeto principal de esta iniciativa, ya radicada, es crear pena obligatoria a violadores de menores, de inhibición hormonal del deseo sexual. En otras palabras, los abusadores sexuales de menores de catorce (14) años se les realizarían castración química por su conducta.
Actualmente quienes acceden carnalmente a un menor de 14 años, incurren en prisión de 12 a 20 años; y quienes realicen actos sexuales, acceso carnal o induzca en prácticas sexuales tienen prisión de 9 a 13 años.
Con la iniciativa se agrega a dichos artículos la “pena de inhibición hormonal del deseo sexual obligatoria o castración química por un término equivalente al doble de la pena de prisión impuesta”.
Aunado a ello, el Gobierno tendría que conformar un Comité Técnico- Científico con el que se haría control y seguimiento a la implementación de las sanciones. Además, las autoridades de policía llevarían un registro obligatorio de violadores y abusadores sexuales de menores, para que se tenga conocimiento permanente del lugar de residencia de estos sujetos.
El creciente número de casos de abuso y homicidio de menores de edad, preocupa a los senadores que apoyan la propuesta. El último caso que generó repudio nacional fue el de la menor, de 7 años, Yuliana Samboní, ocurrido en Bogotá.
Las alarmantes cifras presentadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal dan cuenta de esta problemática. Según esta entidad, entre 2006 y 2015 los niños, niñas y adolescentes, víctimas de homicidio, fueron 10.652, y en ese mismo periodo se realizaron 160.280 exámenes médicos por presunto abuso sexual.
Ante ello, la senadora Maritza hizo un llamado y declaró que: “¡Ante este antecedente, tenemos que hacer algo ya! No podemos solamente mostrar indignación por un día ante hechos tan lamentables como este y no actuar en consecuencia”.
Actualmente la castración química se usa en Estados Unidos (Estados como California, Florida, Luisiana, y otros), Australia, Alemania, Fracia, Reino Unido, España, Rusia, Corea del Sur, entre otros. En América Latina, países como Argentina y Perú estudian la implementación de este tipo de medidas.
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