Cámara aprueba en primer debate jurisdicción especial para la paz
La comisión primera de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó hoy en primer debate el acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se aplicará a los responsables del conflicto armado y que suponía uno de los puntos más espinosos de los diálogos.
Además, el acto legislativo establece la conformación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición y la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, agregó la información.
En este sentido, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, resaltó que el acto legislativo "es la columna vertebral del acuerdo de paz" y va a garantizar que "en menos de cinco meses las FARC hayan desaparecido como grupo armado y se transforme en movimiento político".
"A nadie le debería doler eso que la gente en Chocó, Cauca y otros departamentos estén viviendo este clima de paz y tranquilidad, que no se registre ni un solo soldado herido y que podamos avanzar en un proceso de paz con el ELN", destacó Cristo.
Con este acto legislativo, Cristo destacó que Colombia ha logrado construir un sistema integral "que va a permitir que las víctimas cuenten con verdad, justicia, reparación y, lo que es más importante, la no repetición de los hechos que han azotado a Colombia en las últimas cinco décadas".
Horas antes, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, formuló varias alertas acerca de la JEP y dijo que la no extradición de los guerrilleros podría beneficiar a disidentes, reincidentes y personas que no hagan parte de las FARC.
Específicamente, advirtió que la norma no establece claramente que los beneficios penales de la JEP deben cobijar exclusivamente a los efectivamente desmovilizados de las FARC.
La iniciativa es el primer proyecto para la implementación del acuerdo con la guerrilla que se tramita este año. A finales de 2016, el Congreso colombiano aprobó la ley de amnistía para excombatientes y tratamientos especial para los militares.
EFE
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Aunque la propuesta de incluir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en el Plan Nacional de Desarrollo se hundió en el Congreso el pasado mayo, eso no impide que las entidades del Estado deban seguir trabajando para cumplirlas.
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