La Contraloría de Bogotá anunció que las obras del humedal Juan Amarillo deben seguir o habría detrimento patrimonial

La Contraloría de Bogotá advirtió que se incurriría en detrimento patrimonial si se detienen las obras que se adelantan en el humedal Juan Amarillo, por lo que señaló que avanza una Auditoría de Desempeño a los humedales, especialmente a ese ubicado en la localidad de Suba, y las inversiones a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

"En el marco de nuestro programa Obras Bajo Control, la Contraloría de Bogotá ha priorizado el seguimiento a los tres contratos de obra que, desde 2018, se adelantan en el humedal Juan Amarillo, por un valor cercano a los $60.000 millones, recursos apropiados por el Distrito a través de la EAAB y que, al no ejecutarse, podría significar un detrimento patrimonial", informó el ente de control.

Además, la Contraloría aseguró que:

"La finalización de las obras en el humedal es una prioridad para la ciudad, dado el significativo monto de los recursos que se ha invertido en ellas, su nivel de avance y las eventuales pérdidas derivadas de controversias jurídicas".

La ejecución de los contratos está discriminada de la siguiente forma:

1. Las obras de mejoramiento del sendero peatonal de 1.2 kilómetros, que conectará a las localidades de Engativá y Suba, presentan una ejecución física del 76,5 % y una financiera del 77,4 %, por $20.055 millones, incluida la adición. Debido al abandono por parte del contratista, la EAAB adelanta acciones legales por incumplimiento del contrato.
2. Las obras de construcción del parque lineal, al costado norte del humedal, con un costo de $19.954 millones (incluida la adición) y las del borde norte medio y bajo, con un valor de $20.916 millones, presentan ejecuciones promedio de avance físico del 79.11 % y financiero del 58,7 %.
3. La ejecución de estos contratos se ha visto afectada por las suspensiones derivadas de la emergencia sanitaria; la implementación de protocolos de bioseguridad y las medidas impuestas por la Secretaría de Ambiente, que hizo necesaria la modificación del Permiso de Ocupación de Cauce (POC).

La Contraloría de Bogotá hizo énfasis en que creó un grupo especial para realizar un seguimiento permanente a este proyecto de la capital, y recalcó que está comprometida con:

"Un control fiscal de cara a la sostenibilidad urbana. En ese sentido, ha desarrollado diferentes herramientas para evaluar el daño ambiental de distintos proyectos sobre los recursos hídricos de la ciudad".