Juez envió a prisión a representante de gremio camionero Pedro Antonio Aguilar

Un juez de la República profirió medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Pedro Antonio Aguilar Rodríguez, Parménides Reinelio Gueltrán y Juvenal Yantén Agredo, integrantes de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC). Los hoy asegurados son investigados por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, uso de documento falso, supresión u ocultamiento de documento público y fraude procesal, en hechos relacionados con el denominado cartel de la chatarrización en Colombia. De acuerdo con lo manifestado por la delegada fiscal, Aguilar Rodríguez, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), habría sido el encargado de involucrar a particulares en la compra de automotores listos para la chatarrización y así obtener de manera irregular los beneficios económicos de reposición de vehículos de carga que otorga el Estado. Agregó que su actividad supuestamente incluía el uso de documentos falsos para burlar las normas citadas en la Resolución 7036 de 2011 del Ministerio de Transporte. “Aguilar convencía a los tramitadores, como en el caso de Parménides Reinelio Gueltrán, quien movía las carpetas de un lugar a otro para el trámite de chatarrización, alterando la información de los rodantes y la de los propietarios”. La decisión también cobijó a Lina Piedad Sánchez y María Mabel Sánchez, quienes deberán permanecer en su lugar de residencia, pues justificaron ser madres cabeza de familia. Estas, según lo establecido por la Fiscalía, presuntamente adquirían vehículos de carga a su nombre y le daban una comisión económica a Aguilar, sin que ellas tuvieran un soporte de la capacidad económica para la compra de los mismos. La medida de aseguramiento se hizo necesaria por la cantidad y gravedad de los delitos y la facilidad que tendría Aguilar y sus socios  de acceder a documentos públicos que puedan afectar el proceso. Se calcula que estas personas  habrían operado cerca de 12 mil trámites de chatarrización de manera fraudulenta en Colombia, por un valor de $600.000.000.000.