Clínicas y hospitales podrán expedir certificado de defunción por muerte natural

La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Salud pusieron en marcha una circular que atribuiría la responsabilidad de expedir certificados de defunción por muerte natural a clínicas y hospitales. EPS, gobernaciones, alcaldías, médicos tratantes y otros trabajadores de salud autorizados también tendrían que expedirlos. En la actualidad, las muertes por causas naturales son certificadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CIT), Medicina Legal y Policía. Sin embargo, son trámites dispendiosos para la ciudadanía y el aparato judicial. "En la práctica, con cada inspección a cadáver por muerte natural o estudio forense se genera una noticia criminal que representa costos administrativos para la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, además de la ocupación de personal, equipos y otros elementos necesarios para otras tareas de investigación", reza el comunicado de la Fiscalía. Lea también: BUSCAN A SERVIDORA PÚBLICA DEL IDPAC QUE DESAPARECIÓ EL PASADO MIÉRCOLES De manera que el ente investigador y el Ministerio de Salud suscribieron el documento “Aplicación del Procedimiento para la Expedición de Certificados de Defunción por Muerte Natural”, que exige expedir los certificados de defunción de personas que fallecen por enfermedad natural y otras causas no relacionadas con hechos violentos a las instituciones anteriormente mencionadas. En los únicos casos que habrán excepciones será cuando se presente homicidio, suicidio, o sospecha de estos, se requiera distinguir entre homicidio y suicidio, muerte accidental y otros fallecimientos en los que no exista claridad sobre su causa. El Instituto de Medicina Legal practicó 4.023 necropsias durante el 2017 que correspondían a situaciones naturales y de salud. A 3.598 de estas se les abrió investigación por el posible delito de homicidio, pero fueron archivadas ante la certeza de que los decesos estaban relacionados con causas naturales. Los profesionales que incumplan esta nueva reglamentación podrían enfrentar sanciones de orden disciplinario y, si la actuación trasciende a un delito, serían investigados por la Fiscalía.