Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad tras un año de la entrega de su Informe Final

Aunque la propuesta de incluir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en el Plan Nacional de Desarrollo se hundió en el Congreso el pasado mayo, eso no impide que las entidades del Estado deban seguir trabajando para cumplirlas. 

A un año de la entrega de su Informe Final, que contiene 11 capítulos y más de 9.000 páginas, hacemos una recopilación de los hallazgos y recomendaciones más relevantes que entregó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, una entidad creada como parte del Sistema Integral para la Paz, también conformado por la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). 

La Comisión fue creada en 2017 y empezó su mandato en 2018. La firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, que marcó el fin de más de 50 años de conflicto con el grupo guerrillero, brindó una oportunidad para iniciar transformaciones necesarias como sociedad. Sin embargo, como lo afirmó la misma Comisión de la Verdad en el tomo “Hallazgos y recomendaciones” de su Informe Final, después de varios años de la firma del Acuerdo Final de Paz, algunas regiones del país han vivido un recrudecimiento de la violencia. 

Aunque se han logrado avances significativos en la implementación del Acuerdo, aún quedan enormes desafíos y tareas pendientes. La propuesta de incluir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) generó un intenso debate en el Congreso de la República en mayo de 2023. Sin embargo, después de la conciliación entre los ponentes del Senado y la Cámara de Representantes, la propuesta se hundió.

 El Gobierno de Petro buscaba que el artículo 8, que establecía la acogida progresiva de las recomendaciones por parte de las entidades del orden nacional, fuera aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo. Algunos consideraban que esto implicaba tomar en serio la implementación de las sugerencias, mientras que otros criticaban que se pretendiera hacer obligatorio su cumplimiento. 

Este hundimiento no impide que las entidades del Estado trabajen para cumplir las recomendaciones de la Comisión. De hecho, el Gobierno de Petro ya está implementando 11 de las 67 sugerencias, y 40 de ellas están incluidas en el Acuerdo de Paz.

Hallazgos de un país herido por la guerra

Algunos de los hallazgos más importantes que recogió la Comisión en su Informe Final tienen que ver con las personas asesinadas en el marco del conflicto, más del 90 % de las cuales eran civiles. 

Al combinar 112 bases de datos, la Comisión de la Verdad, la JEP y el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos (HRDAG) calcularon que aproximadamente 450.666 personas fueron asesinadas durante el período comprendido entre 1986 y 2016. 

Según la Comisión, “nueve de cada diez víctimas mortales eran civiles. La mayoría de estas eran habitantes del sector rural. En la guerra, los campesinos, las comunidades indígenas, negras y afrocolombianas no solo perdieron la vida, sino, en muchos casos, la tierra, y han tenido que luchar sin descanso para ser incluidos en el proyecto de nación”. 

Otro de los hallazgos apunta a que alrededor de 50.770 personas fueron víctimas de secuestro y toma de rehenes en el marco del conflicto armado entre 1990 y 2018, y que los mayo­res responsables de este delito de lesa humanidad fueron las FARC-EP con 40 % de los casos (20.223 víctimas), los grupos paramilitares con el 24 % (10.538 víctimas) y el ELN con 19 % (9.538 víctimas).

 La Comisión afirmó también que los grupos paramilitares cometieron las mayores violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. “Según los datos del CNMH, el 91,5 % de las víctimas de los paramilitares fueron objeto de asesinatos selectivos, masacres y desaparición forzada”. 

Sobre el narcotráfico, la Comisión aseguró que el modelo de acumulación en torno a la cocaína ha sido amplio y “tan frecuente y profundo que se ha convertido en un atentado a la democracia y a la independencia de las instituciones”. 

Así, se ha criminalizado al campesino cocalero, considerándolo como la base social de la guerrilla y el principal responsable del narcotráfico. Esta percepción ha llevado a un aumento de la violencia dirigida hacia los grupos más vulnerables, mientras que se ha diluido la responsabilidad de los actores políticos o institucionales, quienes son los principales beneficiarios económicos de esta actividad ilícita. 

Para la Comisión, el conflicto armado en áreas rurales ha exacerbado la desigualdad estructural y ha llevado a un aumento en la acumulación de tierras y recursos, así como al desplazamiento forzado de la población hacia áreas urbanas.

 “El 2,27 % de los propietarios tendría en su poder el 52,62 % de las hectáreas de propiedad privada (15,38 millones) ubicadas dentro de la frontera agraria, mientras que el 62,22 % de los propietarios tendría apenas el 4,53 % de ese mismo territorio (1,3 millones de hectáreas)”. 

Sobre la relación entre conflicto y cultura, la Comisión de la Verdad destacó la importancia de entender la noción del "otro" como un problema crucial en la forma en que valoramos y nos relacionamos culturalmente, generando una identidad negativa fundamentada en el racismo y el clasismo, que ha sido la raíz de la violencia contra culturas, pueblos e identidades.

 El país aún mantiene privilegios y exclusiones, que se han visto reforzados por la idea del "enemigo interno". “La guerra no se siente como un daño común”, afirmó la Comisión. Las comunidades rurales más marginadas, incluyendo campesinos, pueblos étnicos, mujeres, personas LGBTIQ+, jóvenes y otros grupos, han sido afectados de manera desproporcionada. 

A pesar de esto, han resistido pacíficamente y aportado a la paz en medio de las adversidades. De hecho, como parte de su trabajo, la Comisión identificó 1.008 experiencias ciudadanas de convivencia en 28 departamentos de Colombia. Los territorios en los que más iniciativas se han gestado son, precisamente, aquellos con una fuerte afectación por el conflicto: Antioquia, Norte de Santander, Cesar, Valle del Cauca y Putumayo.

Las recomendaciones de la Comisión

El trabajo realizado por la Comisión de la Verdad identificó aspectos estructurales que deben cambiar para lograr un país inclusivo y hacer frente a las consecuencias del conflicto armado interno. El objetivo de las recomendaciones de la Comisión fue dictar una agenda para el futuro y promover un diálogo sobre las transformaciones necesarias en el país. 

Estas recomendaciones buscan poner fin a las confrontaciones armadas, superar los factores que contribuyen a la persistencia del conflicto y fomentar la reconstrucción de la confianza entre la sociedad y las instituciones. En resumen, se busca avanzar hacia la reconciliación y garantizar que no se repita el conflicto armado. 

Las recomendaciones que entregó la Comisión abarcan nueve temas: 1) construcción de paz como proyecto nacional, 2) víctimas, 3) régimen político y participación, 4) narcotráfico, 5) impunidad, 6) seguridad, 7) paz territorial, 8) cultura para la paz y la educación, 9) Legado de la Comisión. En esta imagen podemos ver las 67 Recomendaciones agrupadas en los 9 temas: 

  Las recomendaciones se pueden resumir así:

• La paz grande como una prioridad a largo plazo debe convertirse en un proyecto nacional que ponga en el centro el respeto por la vida y la dignidad.
• Reconocer a las víctimas del conflicto armado en su sufrimiento, dignidad y resistencia, comprometiéndose con su reparación integral y transformadora. También continuar con el reconocimiento de responsabilidades, tanto individuales como institucionales, como parte del proceso de sanación y reconciliación.
• Construir la paz sobre la base de la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, honrando los compromisos asumidos desde el Estado y como una responsabilidad ética de la sociedad colombiana.
• Retomar las negociaciones de manera efectiva con el ELN para aliviar a las comunidades y poblaciones afectadas por un conflicto que persiste.
• Realizar un examen crítico del pasado para construir un futuro en paz, mediante una política de memoria y verdad para la construcción de paz y la no repetición que comprometa al Estado y a la sociedad en su conjunto.
• Replantear el problema del narcotráfico y encontrar soluciones políticas, económicas, éticas y jurídicas para abordar el mercado de drogas y superar el enfoque prohibicionista.
• Fortalecer la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía, a través de un mecanismo mixto que incluya tanto actores nacionales como internacionales, con el objetivo de investigar y esclarecer la verdad sobre el narcotráfico.
• Recuperar el valor de la justicia para restablecer la legalidad, fomentar la convivencia pacífica, garantizar los derechos de las víctimas y reconstruir la confianza en el Estado.
• Establecer una nueva visión de seguridad para la construcción de la paz, centrada en las personas como bien público.
• Fortalecer la democracia en busca de la paz, excluyendo por completo las armas de la política. Esto implica reformas que promuevan la inclusión de sectores marginados y restauren la integridad y dignidad en la esfera política.
• Se propone la creación de un Ministerio u organismo encargado de promover políticas estatales de reconciliación y construcción de paz.
• Se propone un proceso de ordenamiento territorial participativo, equitativo, sostenible y multicultural. Esto implica garantizar la redistribución de la tierra, prevenir y revertir el despojo, asegurar el acceso a bienes y servicios públicos (incluyendo seguridad y justicia), y proporcionar oportunidades productivas (como acceso a capital financiero, vías terciarias y mercados) para los habitantes del campo.
• Garantizar la aplicación del enfoque diferencial en la implementación de todas las recomendaciones de la Comisión y en las funciones del Estado. Es necesario brindar un trato diferenciado a los grupos históricamente excluidos, como los pueblos étnicos, la población campesina, las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes, las personas LGBTIQ+, las personas con discapacidad o diversidad funcional y las personas de la tercera edad.
• Adoptar una ética ciudadana y pública compartida que nos permita transformar los valores, principios y narrativas arraigadas en nuestra cultura, los cuales han contribuido a la persistencia de la violencia. Debemos superar la visión del enemigo interno que ha permeado tanto la guerra como la política, y que incluso ha afectado las relaciones sociales
• Tomar el legado de la Comisión de la Verdad, que se refleja en sus hallazgos, recomendaciones y aprendizajes, como base para la reflexión y la acción social y política en temas fundamentales de la historia, el presente y la construcción de una vida en comunidad en el futuro.

Por: Astrid Ávila Castro