Líderes sociales colombianos denuncian nuevas amenazas de muerte

Tres de los más importantes líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia denunciaron el aumento de amenazas y hostigamiento contra ellos y sus familias por parte de grupos armados ilegales y alertaron del peligro inminente que corren sus vidas en distintas zonas del país. Uno de ellos, Leyner Palacios, ganador en 2017 del Premio Global por el Pluralismo por reivindicar los derechos y la lucha de las víctimas del conflicto, explicó a Efe que en los últimos días su familia observó que una camioneta con vidrios oscuros y una moto los siguió y vigiló alrededor de su casa. También, en el convulso departamento del Cauca (suroeste), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) alertó de que cinco sujetos que vestían "prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares buscaron en su vivienda a la líder indígena nasa Aida Quilcué". En febrero de este año, grupos armados emitieron amenazas directas contra Quilcué y el senador indígena Feliciano Valencia por supuestamente ser "guerrilleros y comunistas que están acabando con la riqueza del país". Mientras, en la región de los Montes de María (norte) la lideresa Juana Ruiz denunció ayer que un hombre que dijo ser el jefe del Clan del Golfo -principal grupo heredero de los paramilitares - la llamó porque quería "hablar con ella". Ruiz también informó a un periódico nacional que en días pasados "hombres que no son conocidos en la región" habían estado rondando su casa. La líder forma parte de las Tejedoras de Mampuján, un grupo de mujeres que a través del tejido de tapices tratan de buscar el perdón y sanar el dolor que les dejó el conflicto armado.

Desplazamientos por amenazas

Palacios, que perdió a 32 allegados en la matanza del 2 de mayo de 2002 en la localidad de Bojayá, aseguró que está "espantado y preocupado" por el hostigamiento y el peligro que también se cierne sobre su esposa e hijas. La situación de seguridad del líder se ha visto "terriblemente empeorada" desde el 3 de enero, cuando hizo una denuncia sobre violaciones de derechos humanos en el municipio de Bojayá, ubicado en el departamento de Chocó, fronterizo con Panamá.

"Allí empezaron las persecuciones, me sacaron del territorio", agregó.

Hace tres meses asesinaron a su escolta, Arley Hernán Chalá, un caso "todavía sin esclarecer por parte de la Fiscalía", agregó el líder chocoano. Entonces, le fue asignada una unidad de vigilancia permanente por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), "la cual fue retirada sin ninguna explicación el 14 de marzo" aseveró. En el último mes, las amenazas contra Palacios han aumentado con la emisión del documental "Bojayá entre fuegos cruzados" en la televisión local de Bogotá, Canal Capital. En el documental, Palacios reconstruye en primera persona la matanza de Bojayá, una de las peores del conflicto armado colombiano, cuando una bomba lanzada por la entonces guerrilla de las FARC, durante un combate con paramilitares, cayó en la iglesia donde se había refugiado parte del pueblo. En la masacre murieron por lo menos 79 personas, aunque otras cifras hablan de 119 muertos y decenas de heridos. Palacios afirmó que lo amenazan porque en el documental señala "a todas las responsabilidades de distintos grupos armados que nos mataron, la responsabilidad del Gobierno, de las FARC y del paramilitarismo". También porque algunos sectores que se oponen a la implementación de la paz "están molestos" por la iniciativa que él impulsa desde la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, que quiere crear una comisión de esclarecimiento de los hechos del conflicto desde las comunidades. "Yo soy promotor de esa organización y soy el secretario general, atacarme a mí es desmantelar la iniciativa como tal", advirtió.

Impunidad reinante

En Colombia hay una multiplicidad de actores armados que buscan amedrentar a los líderes sociales, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las disidencias de las FARC y organizaciones paramilitares como el Clan del Golfo, que se han cobrado la vida de 100 defensores de derechos humanos en 2020, según el Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Para Palacios, la culpa recae también en el Estado: "en Colombia los líderes sociales nos hemos convertido en enemigos, el Estado nos ha convertido en enemigos. Los mismos funcionarios nos ven con desconfianza".

El líder denunció que el Estado se ve involucrado por "los niveles de corrupción y connivencia entre algunas unidades de la fuerza pública con grupos ilegales, un problema muy delicado que está siendo el combustible para el asesinato, las amenazas y para perpetrar la impunidad".

Esa impunidad se ve reflejada, según Palacios, en que nunca se esclarecen los culpables o los "autores intelectuales" de los asesinatos de líderes, y cuando se hace "salen de la prisión al cabo de un año". Con información de EFE