Samuel Moreno pactó entrega de contratos a quienes financiaran su campaña a la Alcaldía

La Fiscalía General de la Nación expuso en audiencia pública de juicio oral la  teoría del caso, con la cual demostrará la responsabilidad del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas en actos de corrupción, en el tercer proceso penal en su contra,  dentro del denominado carrusel de contratos en la capital. El ente investigador advirtió que entre el segundo semestre del año 2007 y el año 2010, Moreno Rojas llevó acabo acuerdos ilegales con su hermano Néstor Iván Moreno Rojas y con los particulares Álvaro Dávila Peña, Emilio Tapia Aldana y Manuel Sánchez Castro, que constituyen a la luz del derecho penal el delito de concierto para delinquir agravado. Con base en estos acuerdos el ex mandatario distrital firmó nombramientos a funcionarios en altos cargos directivos, tales como secretarios de despachos y directores de entidades administrativas distritales con el único propósito de violar la Ley 80 de 1993, la cual establece las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales mediante la selección objetiva y trasparente de la contratación pública. “Incluso antes de ser elegido alcalde, es decir desde su candidatura a la alcaldía de Bogotá, estableció acuerdos que se vieron reflejados en aportes por parte de Emilio Tapia, Julio Gómez y Manuel Sánchez  a la campaña de Samuel Moreno Rojas con el propósito de que nadie ajeno a sus propósitos interfiriera en la millonaria contratación pública de la capital”, sostuvo el fiscal delegado en este proceso penal. Al juicio fueron llamados como testigos miembros del gabinete del gobierno de Moreno Rojas, algunos ya condenados como el exsecretario de Salud del Distrito Héctor Zambrano Rodríguez y otros como los señores Emilio Tapia, Álvaro Dávila Peña,  Héctor Julio Gómez y Manuel Sánchez Castro. El juicio se centrará en la manera como se pactaron estos acuerdos a partir de la candidatura del exalcalde hasta su elección y la forma como se fueron seleccionando los candidatos a  ocupar los cargos de confianza en la administración distrital en el IDU, la Secretaría Distrital de Salud, la Unidad de Mantenimiento Vial, la Secretaria de Integración Social y la Unidad de Mantenimiento de Servicios Públicos de Bogotá, entre otras. El exburgomaestre permanece recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía donde purga una pena inicial de 18 años de prisión, la cual fue aumentada  a 24 por el Tribunal Superior de Bogotá tras haber exigido comisiones para adjudicar en 2009 un contrato por $67.000 millones para la prestación del servicio de ambulancias en la capital de la República.