El ruido no da tregua en Bogotá: bares, motos y piques ilegales entre los más denunciados

Entre enero y marzo de este año, Bogotá ha recibido un total de 86.829 quejas por contaminación auditiva, un problema que sigue afectando la calidad de vida de miles de ciudadanos. El ruido, de hecho, se ha convertido en la segunda causa de quejas ambientales en la ciudad, según confirmó Adriana Soto Carreño, secretaria de Ambiente.

La principal fuente de molestia no proviene del tránsito ni de los pitos de los vehículos, como muchos podrían pensar. Más del 60% de las quejas están relacionadas con bares y discotecas, especialmente en sectores residenciales cercanos a zonas de rumba.

Las localidades que encabezan la lista de reportes son:

• Suba, con 12.223.
   
• Kennedy, con 11.106.
   
• Engativá, con 8.776. 

Aunque Chapinero también aparece con frecuencia en las denuncias, es superado por otras localidades como Bosa, Usaquén, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe, donde el ruido también se ha vuelto protagonista de los reclamos ciudadanos.

“La mayoría de las quejas no se deben al pito de los carros, sino al constante flujo vehicular cerca de las viviendas, sumado a la actividad nocturna de bares y discotecas que operan sin control”, explicó Soto Carreño.

Frente a este panorama, la Secretaría de Ambiente trabaja en campañas de sensibilización y control, con el fin de reducir esta forma de contaminación que altera el bienestar de la ciudad.

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Además de los establecimientos nocturnos, las motos modificadas figuran entre las principales fuentes de ruido en la ciudad. Aunque la Secretaría de Ambiente puede recibir reportes y atender los llamados de la ciudadanía, la potestad de imponer comparendos por estos casos recae en la Secretaría de Movilidad. 

Para Daniel Páez, director de Control Ambiental de la Secretaría de Ambiente, el enfoque actual para combatir la contaminación sonora no se limita únicamente a medir decibeles. Aunque la medición técnica sigue siendo parte del proceso, el objetivo es ir más allá y controlar el fenómeno desde su origen.

“La ley ordena que los fenómenos de contaminación se deben controlar en la fuente. Eso implica que los establecimientos que generan ruido excesivo deben implementar sistemas efectivos para evitar que el sonido trascienda al espacio público o a zonas residenciales”, explicó Páez.

Este principio está respaldado tanto por la nueva Ley Antiruido, sancionada en marzo de este año, como por las normas ambientales vigentes desde hace más de una década. En ese sentido, la estrategia es integral; combina el trabajo técnico con operativos en campo y acciones articuladas con otras entidades como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Movilidad.

En cumplimiento de la Ley 1333 de 2009, la Secretaría de Ambiente ha impuesto medidas preventivas a establecimientos que funcionan sin cumplir con los requisitos acústicos. Tras cada operativo, el proceso incluye una notificación en un plazo de tres días hábiles y el respeto al debido proceso administrativo. Si se confirma la infracción, se imponen condiciones que pueden llevar incluso a la suspensión temporal de la actividad comercial.

Los propietarios, en estos casos, deben adecuar sus locales con sistemas de insonorización u otras soluciones técnicas, que les permitan operar sin afectar a los vecinos. De lo contrario, podrían enfrentarse a sanciones más severas.  

Los piques ilegales 

Ciudadanos como Flor Leal, residente del barrio Santander, aseguran que los piques ilegales en la Avenida Circunvalar se han convertido en una pesadilla constante. “Empiezan tarde en la noche y no paran hasta la madrugada. Es imposible dormir con ese escándalo”, comentó en Hablemos Bogotá.

Jorge Ruiz, otro habitante del sector, añade que no solo los vecinos sufren por esta práctica, sino también las mascotas, que reaccionan con ansiedad y estrés ante los estruendos provocados por las motos alteradas. 

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Frente a esta situación, Jhon Silva, teniente coronel de la Policía de Tránsito, confirmó que este tipo de competencias ilegales, conocidas popularmente como “cuarto de milla”, son realizadas principalmente con motocicletas modificadas para producir sonidos mucho más fuertes de lo normal.

“El ruido que generan es impresionante”, afirmó el oficial. Según cifras de la Policía, desde el 2024 se han realizado 362 operativos contra estas prácticas ilegales. Durante estos procedimientos se han inmovilizado vehículos que incumplen las normas, especialmente por alteraciones en sus sistemas de escape.

Las sanciones pueden ir desde los $350.000 hasta $1.500.000, dependiendo de la gravedad de la infracción. A esto se suman los costos de grúa e inmovilización, que corren por cuenta del infractor.

El teniente coronel Silva también hizo un llamado a quienes buscan emociones fuertes en medio de la ciudad: “Si son amantes de la velocidad, existen espacios adecuados y seguros. Estas prácticas en la vía pública no solo son ilegales, también ponen en riesgo vidas”.  

Otro foco creciente de ruido y conflicto en el espacio público son las motonetas o las motos utilizadas para domicilios, muchas de ellas adaptadas a partir de bicicletas, a las que se les instala un motor artesanal. Según el concejal Juan David Quintero, este tipo de vehículos no solo generan un ruido molesto, sino que invaden espacios pensados para bicicletas tradicionales, especialmente las ciclorrutas.

“Son bicicletas a las que les ponen motores de guadañadora, y eso no solo es ilegal, también pone en riesgo a quienes usan las ciclorrutas como espacio deportivo o de transporte seguro”, explicó Quintero.

Aunque se han hecho esfuerzos por controlar esta práctica, el concejal advierte que aún falta regulación y vigilancia, ya que estas motos eléctricas o híbridas muchas veces compiten o intimidan a los ciclistas tradicionales. 

“Lamentablemente, las bicicletas convencionales están siendo desplazadas por estos vehículos que no cumplen con las normas de tránsito ni con los niveles permitidos de ruido”, agregó.

Este fenómeno ha encendido las alarmas no solo por la contaminación auditiva que generan, sino por los riesgos en la movilidad y seguridad vial. El llamado de Quintero es a que las autoridades distritales fortalezcan los controles y actualicen la normativa frente a estos vehículos no regulados. 

¿El silencio es un privilegio en Bogotá?

En Bogotá, el silencio parece haberse convertido en un lujo al que pocos pueden acceder. Uno de los mayores focos de contaminación auditiva es el transporte público, especialmente en el sistema TransMilenio, donde el bullicio no proviene solo del tráfico o de las alarmas de las puertas automáticas. A esto se suma el ingreso constante de vendedores y músicos ambulantes, cuyo impacto acústico, puede generar altos niveles de estrés en los pasajeros.

Un caso que lo ilustra es el de Luz Cortés, ciudadana que compartió su experiencia con Hablemos Bogotá. Según relató, el ruido acumulado en su rutina diaria, especialmente en los trayectos en bus, terminó afectando tanto su salud mental que optó por abandonar la ciudad.

Este mismo patrón se repite en espacios de alto tránsito peatonal como la Plaza de La Mariposa, donde vendedores informales instalan parlantes y compiten entre sí por la atención del público. La saturación sonora en estos puntos, además de alterar el ambiente, representa un uso indebido del espacio público, pues se impone sobre los derechos de quienes transitan, trabajan o simplemente intentan encontrar un momento de calma en medio del caos urbano.  

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La contaminación auditiva en Bogotá ya no es solo una molestia; se ha convertido en una forma estridente de desigualdad. Desde los piques ilegales y bares sin control en las noches, hasta las motos modificadas en ciclorrutas, el ruido invade cada rincón de la ciudad, colándose incluso en los trayectos en TransMilenio y en plazas donde la música comercial desplaza el derecho al descanso. 

Mientras la Secretaría de Ambiente y otras entidades avanzan en operativos y medidas preventivas, el reto es repensar cómo habitamos el espacio público, cómo regulamos el ruido en todas sus formas y cómo garantizamos que el derecho a la ciudad incluya también el derecho a la tranquilidad.