Hacinamiento en las URI y Estaciones de Policía de Bogotá: una problemática que es urgente atender

Por: Nicolás Peña Jiménez.

Las URI y estaciones de Policía de Bogotá tienen una capacidad total de 1.227 cupos. Sin embargo, al 30 de abril de 2024, se encontraban recluidas 3.174 personas, lo que indica un desbordamiento considerable.

El hacinamiento carcelario en Bogotá se ha convertido en una de las problemáticas más graves del sistema penitenciario colombiano, reflejando una crisis que afecta a miles de personas privadas de la libertad y desafía la capacidad del Estado para ofrecer condiciones dignas y seguras.

La capital del país enfrenta una sobrepoblación carcelaria que ha alcanzado niveles alarmantes, exacerbando problemas de salud, seguridad y derechos humanos.

Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el Concejo de Bogotá, la tasa de hacinamiento carcelario en Bogotá (URI y estaciones de Policía) es de 158,6 % general. Solo en estaciones de Policía es de 202,9 % (con una capacidad para albergar 775 personas, hay 2.348 privadas de la libertad).

En Estaciones de Policía específicas la situación es más crítica, con centros que alcanzan porcentajes de hacinamiento de 750 %. Las 10 estaciones más críticas son:

• Usaquén: cupo máximo de 10 personas, hay 85 personas, con un hacinamiento del 750 %.
• Kennedy: cupo máximo de 60 personas, hay 370 recluidas, con un hacinamiento del 517 %.
• Bosa: hacinamiento del 511 %.
• Usme: hacinamiento de 400 %.
• Ciudad Bolívar: hacinamiento del 348 %.
• San Cristóbal: hacinamiento del 346 %.
• La Terminal: hacinamiento del 330 %.
• Rafael Uribe Uribe: hacinamiento del 238 %.
• La Candelaria: hacinamiento del 237 %.
• Suba: hacinamiento del 223 %.

A pesar de las múltiples advertencias de organizaciones de la sociedad civil, la situación carcelaria de las personas privadas de la libertad en Bogotá sigue siendo un problema debido a la falta de garantías para los derechos humanos.

Desde el año 2013, se declaró emergencia carcelaria por la situación de hacinamiento en las cárceles de nuestro país, algo que demuestra que esta situación no es nueva.

Lina Porras, investigadora del observatorio de violencia institucional de la ONG Temblores, cuenta que: “en medio de esta crisis, en el 2020 se tomaron medidas frente a la emergencia por el COVID-19 y, como un intento de descongestionar las cárceles, la situación recayó en las estaciones de policía”, afirmó.

Sin embargo, la experta señala que esta medida no fue suficiente, ya que las estaciones de Policía no cuentan con la infraestructura necesaria para reducir el hacinamiento carcelario en Bogotá.

“Las estaciones de Policía también tienen altos índices de hacinamiento con personas condenadas privadas de la libertad esperando a ser trasladadas a centros penitenciarios y custodiadas, en este caso, por miembros de la Policía”, agregó Porras.

¿Quiénes son las personas privadas de la libertad?

De acuerdo a datos suministrados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), en Bogotá hay 10.279 cupos para encarcelamiento intramural y una población penitenciaria de 13.026, con una sobrepoblación de 2.747 personas, con corte a junio de 2024.

De estas personas, 8.498 son hombres condenados, 2.633 hombres sindicados; 1.427 mujeres condenadas y 416 mujeres sindicadas. El 22,5 % (2.936) son jóvenes entre los 18 y los 28 años, el 71,6 % (9.323) son adultos con edad entre los 29 y 60 años y el 5,9 % (766) son adultos mayores con más de 60 años de edad.

Del total de personas privadas de la libertad en estaciones de Policía y URI, 511 son extranjeras y 66 tienen una sentencia condenatoria. En estos lugares se encontraron 555 personas condenadas. Más de una decena de ellas llevan casi 4 años allí, cuando deberían estar en centros penitenciarios.

Además, se encontraron 53 personas con detención domiciliaria que tendrían que estar en centros penitenciarios, pero algunos llevan cerca de 4 años en URI o Estaciones de Policía.

¿A qué se debe el hacinamiento carcelario en las URI y estaciones de Policía de Bogotá?

Una de las principales razones del hacinamiento carcelario en Bogotá es que las URI y las estaciones de Policía no son centros de detención; en las primeras no deberían permanecer sino un par de horas y en las segundas un máximo de 36 horas. En estos dos tipos de lugares hay 555 condenados, que tendrían que estar en centros penitenciarios (cárceles), pero algunos llevan cerca de 4 años. En otro ejemplo, hay 53 personas con detención domiciliaria que permanecen en estos centros, cuando tendrían que estar en su lugar de residencia.

Otra de las razones podría apuntar a la falta de centros penitenciarios en la ciudad. El decreto 190 del 2004, que corresponde al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que rigió hasta el 2022, ordenó formular 12 planes maestros para distintos sectores, entre ellos el de seguridad, defensa y justicia. El decreto 563 de 2007 reglamentó ese plan maestro, y para el caso de las cárceles fue enfático en señalar que el único lugar autorizado en la ciudad para construirlas es el predio de La Picota.

Entonces, ¿por qué no se construyen más cárceles en Bogotá?

“La construcción de infraestructura carcelaria, no solo en Bogotá sino en todo el país, ha estado frenada en los últimos 15 años. La única cárcel certificada a nivel internacional por Estados Unidos es la Cárcel Distrital, ubicada en la localidad de San Cristóbal”, respondió Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central y exsubsecretario de seguridad de Bogotá.

El POT permite que sea el espacio que tiene la Cárcel La Picota al sur de la ciudad, en el límite entre las localidades Rafael Uribe Uribe y Usme, para que se construya un gran centro carcelario.

Incluso en el 2021 el ministro de Justicia de ese momento, Wilson Ruiz, propuso que la cárcel Modelo y la cárcel Buen Pastor pasaran a un gran complejo de atención.

“Además de la construcción de esta mega cárcel, se eliminarían las cárceles La Modelo y Buen Pastor. Al tener una mega cárcel ya no necesitaríamos esas otras dos penitenciarías. Esos predios serían tumbados y allí construiríamos parques, o lo que el Distrito junto con el INPEC consideren”, aseguró el exministro Ruiz.

La idea era que este complejo carcelario contara con todas las posibilidades de infraestructura para evitar motines, problemas de salud pública y brindar una atención integral; no obstante, al momento de publicación de esta nota no se ha construido.

“Si bien el Distrito hoy vuelve a insistir, pues necesitamos la colaboración del Gobierno Nacional para poder avanzar en este proyecto, que el POT permite en el predio de la cárcel La Picota. Ahora, hay también que tener un trabajo muy interesante con la comunidad alrededor para poder dar a conocer todo el proyecto y que no genere repulsión; si bien pareciera que una cárcel podría llegar a empeorar la situación de seguridad ciudadana en un sector, no es así, lo ha demostrado la cárcel Modelo: cuando una cárcel es bien administrada, es ordenada y tiene una real concepción desde el estado no genera problemas de seguridad e incluso llega a valorizar la zona”, manifestó Andrés Nieto.

El sistema judicial: otra posible explicación al hacinamiento en Bogotá

Actualmente uno de los principales talones de Aquiles para la seguridad, la convivencia y el orden público, paradójicamente, es la justicia: un debate que se ha pospuesto por más de 20 años.

Según el experto Andrés Nieto: “de cada 10 colombianos 7 no confían en el sistema de justicia de Colombia; de estos mismos 10, 6 estarían dispuestos a tomar justicia por mano propia y hasta 3 de cada 10 colombianos han pensado en adquirir algún tipo de arma para defenderse por esa idea de que la justicia no llegaría”, afirmó.

En el Congreso hoy en día cursa una reforma para cambiar el sistema judicial, como forma de mejorar esta percepción; no obstante, Nieto apunta a un motivo adicional a la alta tasa de inseguridad en Bogotá y el país.

“Una reforma a la justicia no debería ser la única solución. La problemática que tenemos de violencias y de delitos está relacionada con que es rentable delinquir, más que un trabajo formal: una persona que roba un teléfono celular al día podría estar ganando hasta dos millones de pesos al mes”, contó el experto de la Universidad Central.

Otro de los motivos que apunta Nieto tiene que ver con el desfinanciamiento del sistema de justicia.

“De cada 100 pesos que pide la rama judicial en Colombia solo se le aprueban $60, eso quiere decir que para llegar a un estándar óptimo de financiamiento tendríamos un déficit entre el 30 % y el 40 %”, agregó.

Por otro lado, la cantidad de jueces no es suficiente. Según el estándar de Naciones Unidas, para el sistema de justicia deberían existir 86 entre jueces y fiscales por cada 100.000 habitantes; Colombia solo llega a 15.

“Nuestro sistema está colapsado. No es que jueces y fiscales quieran dejar a los criminales en libertad, es que no tienen las herramientas. Perfectamente lo que hacen siete jueces en Argentina, en Colombia le toca a solo uno; y cuando hablamos de fiscales es igual, lo que hacen 12 fiscales en Argentina le toca en este país a dos”, asegura Andrés Nieto.

Esto representa un desequilibrio entre el aumento de procesos que ingresan a la Rama Judicial y el aumento de jueces para resolverlos.

¿Qué hacer para atender el problema de hacinamiento en Bogotá y el país?

Desde una reforma al sistema de justicia hasta la construcción de nuevos centros penitenciarios, son múltiples las soluciones que hay sobre la mesa para reducir el hacinamiento carcelario en Bogotá. Sin embargo, los expertos consultados por Capital coinciden en que no hay una única solución para reducir el hacinamiento, sino que es un problema que debe ser tratado de manera integral.

“Aunque se piense que una primera medida es construir más cárceles, esto a largo plazo no es efectivo, ya que en muchos casos se ha demostrado que, al construir más cárceles, estas también se llenarán. Creemos entonces que se debe atender el problema de fondo: ¿por qué tantas personas están siendo encarceladas?”, afirmó Lina Porras, investigadora del observatorio de violencia institucional de la ONG Temblores.

De acuerdo con Porras es necesario un enfoque preventivo al crimen, que esté enfocado en los problemas estructurales de las poblaciones marginadas.

“En nuestro informe ‘Bolillo, Dios y Patria II’, planteamos que hay que transitar hacia una comprensión amplia de la seguridad, donde la respuesta a los problemas sociales no sea más policía ni más mano dura sino unas garantías de vina digna para los sectores históricamente marginados”, comentó Porras.

En el caso de las cárceles, hay un escenario con un grado más alto de complejidad: las madres cabezas de familia que resultaron inmersas en círculos de criminalidad para sostener económicamente a sus familias.

“Habría que preguntarse qué pudo hacer el Estado para evitar estas situaciones y cómo el encarcelamiento de estas mujeres reproduce cadenas de empobrecimiento sobre los círculos que dependen de ella. Por eso, iniciativas como la Ley de Utilidad Pública, la cual es una apuesta de justicia restaurativa para que mujeres que fueron condenadas por delitos menores y asociados con drogas paguen su condena por fuera de la cárcel, nos parecen un paso valioso para atender el problema del hacinamiento”, dijo la investigadora de Temblores.

Por su parte, Andrés Nieto pone el caso de la Cárcel Distrital como ejemplo de buena gestión para reducir el hacinamiento en Bogotá. Recordemos que la ley, desde el año 1991, permite que los distritos que tengan la capacidad fiscal de crear centros carcelarios lo hagan.

“Paradójicamente la Cárcel Distrital, siendo una de las pocas en el país que no está a cargo del INPEC, es la única en la Región que no ha tenido un solo intento de motín, un solo intento de fuga, no tiene hacinamiento crítico, no tiene problemas de salud pública al interior y no se ha comprobado la presencia de mafias al interior de la cárcel”, dijo.

Asimismo, comenta que es posible y viable tener una cárcel donde el Estado tenga realmente el control y donde haya políticas sociales enfocadas hacia la resocialización.

“Recordemos que esta cárcel tiene teletrabajo y muchos de los ingresos que tienen las personas privadas de libertad en su proceso de reinserción a la sociedad terminan dando ganancias a su familia, además de tener programas de escolarización, como programas de terminación del bachillerato, y el inicio de carreras técnicas y tecnológicas” afirmó.

Finalmente, Nieto señala que el sistema penitenciario es un aspecto al que el Distrito debería prestar atención urgente. Según Nieto, la eficacia de la cárcel que no está bajo la administración del INPEC evidencia problemas en el sistema penitenciario y carcelario. Desde 2021, la Secretaría de Seguridad de Bogotá ha solicitado a los Ministerios de Justicia y del Interior la posibilidad de desarrollar la Cárcel Distrital 2, como parte del proyecto de ampliación de La Picota.

Contexto nacional

A pocos meses de su posesión en 2022, el Gobierno Nacional, en vocería de Néstor Osuna, actual ministro de Justicia, dijo que el Gobierno de Gustavo Petro no estaba interesado en invertir en la construcción de nuevas cárceles en el país, ya que estaban más interesados en trabajar en la resocialización de las personas que hayan cometido delitos que en crear más lugares para privados de la libertad.

“Este gobierno no quiere gastar un solo peso en construcción de nuevas cárceles, no es prioritario construir nuevas cárceles. Queremos sí, disminuir el hacinamiento y tenemos que pensar en alguna forma para disminuir el número de personas en las cárceles”, dijo Osuna en medio del foro anticorrupción que se llevó a cabo en la Universidad Externado de Colombia en 2022.