Cae tendencia en asesinatos de líderes sociales en Gobierno Duque: consejero para Posconflicto

Emilio Archila, alto consejero para el Posconflicto en Colombia, dijo que el Gobierno está trabajando en un esquema de protección especial para miembros del partido Farc y líderes del plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos con motivo de la campaña política que se avecina por las elecciones regionales de octubre. Según el funcionario, citando a un experto de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la tendencia en el asesinato de líderes sociales ha disminuido en el Gobierno de Iván Duque. Aseguró que no hay razones para preocuparse por la seguridad de los excombatientes de las Farc. Anunció que se están buscando soluciones de vivienda y de cuidado de niños de excombatientes, y que se están evaluando otros usos para ciertos espacios físicos de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), próximos a terminar su periodo. Aumentan los enfrentamientos entre grupos armados organizados y disidencias de las Farc, el asesinato de líderes sociales y las amenazas contra la oposición. ¿Cómo planean continuar con la implementación del proceso de paz en medio de este contexto? Ojalá no existiera ningún tipo de violencia, pero lo que muestran los indicadores es que estar implementando los acuerdos ha disminuido sustancialmente todos los índices de esas violencias. Es importante tenerlo en cuenta, no es que estemos como nos encontrábamos hace algunos años. El compromiso del presidente Duque de cumplirle a los excombatientes que se mantengan en la legalidad, que son la mayoría, no se ve afectado porque otras personas sean criminales. Tampoco se ve afectado en lo que respecta a la recuperación y estabilización de los 170 municipios más golpeados por la violencia. Para nosotros la fuente de todos los males es el narcotráfico, por eso reafirmamos nuestra convicción de profundizar y mantenernos firmes en cumplirle a las familias del programa de sustitución voluntaria (de cultivos ilícitos) y en reparar colectiva e individualmente a las víctimas. Estamos a seis meses de que finalice el marco legal de los ETCR. ¿Qué plan tiene el Gobierno para los excombatientes y sus familias? El compromiso del presidente no cambia en agosto. Esa es una circunstancia legal. Esos ETCR estaban previstos inicialmente para seis meses, después se prolongaron a dos años, pero nosotros creemos que es importante que el proceso siga avanzando y eso implica que lo que es temporal, llegue a su fin. Pero es una circunstancia jurídica. Para poder avanzar en el proceso, trabajamos arduamente para proveer de proyectos productivos a los que quieren ser empresarios y capacitamos y abrimos espacios para los que quieren ser empleados. También trabajamos muy fuerte en algo que no se había pensado hasta ahora: encontrarles solución de vivienda y fortalecer el cuidado de los niños. Estos dos aspectos los hemos robustecido para que en agosto ya esté 'muy montado'. De otra parte, estamos trabajando con los espacios físicos de los ETCR, para mirar cuáles no se pueden usar por condiciones legales, cuáles pueden ser utilizados como parte de la solución de sus proyectos productivos y cuáles pueden ser usados como parte de su solución de vivienda. El balance respecto a estos espacios, según lo que han dicho ellos mismos, ha sido más negativo que positivo. Muchos exguerrilleros se sienten abandonados y con miedo a ser asesinados. Sobre el miedo a ser asesinados, me remito a lo que dijo la Misión de Verificación de Naciones Unidas, que constató que en cada uno de los ETCR hay un batallón del Ejército que protege a las personas que están dentro. También alrededor de estos espacios hay un batallón de Policía encargado de la seguridad de quienes están a las afueras. Esta Misión elogia ese esquema de seguridad y señala que gracias a eso no se han presentado incidentes. En los casos en los que se han sentido amenazados, ellos presentan el caso ante una mesa técnica presidida por mí, conformada por personas que hicieron parte de las Farc para analizar la situación; y de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que son los expertos en riesgos. A las dos o tres semanas de haber llegado al Gobierno evacuamos todas las solicitudes de protección y en este momento esa mesa no tiene ningún pendiente. En un reporte Naciones Unidas dice que el sistema especial de la Fiscalía, creado para abordar los ataques contra excombatientes, funciona más rápido en el esclarecimiento de esas circunstancias que el promedio de la Fiscalía. Y en el mismo reporte no se identifica que ellos hayan sido atacados por su condición de excombatientes. Entonces, no puedo desmentir que existan algunas preocupaciones, lo que creo es que no existen razones para esas preocupaciones porque el Gobierno está haciendo todo lo que corresponde. Sobre el caso Santrich, ¿qué va a pasar luego de la supuesta pérdida de la carta con la solicitud de pruebas a EEUU para sustentar su extradición? La JEP hace parte de la justicia del país, lo que le corresponde al Gobierno al respecto es garantizar su independencia. En esa medida, es a la JEP a la que le corresponde tomar esas decisiones. La vocera de los temas de justicia en el Gobierno es la ministra (Gloría María Borrero). La dirección de la Farc teme que esto pueda ser una acción de desprestigio desde la Casa de Nariño a la JEP y de obstrucción a la justicia especial. No conozco ningún pronunciamiento del Gobierno en el que se haya hecho un calificativo negativo respecto de la JEP. La ONU ha reiterado que una de las principales preocupaciones en Colombia sigue siendo el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. ¿Qué acciones concretas se adelantan? No dicho por parte del Gobierno sino con estadísticas de la Fiscalía y del Defensor del Pueblo, en la sesión que se convocó la semana pasada de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, un experto (Camilo Gonzáles Posso) puso de presente que la tendencia que había de asesinatos durante el periodo del presidente Duque se había reducido. El gobierno analizó rápidamente la forma en la que las entidades responsables debían reaccionar y expidió un decreto para crear el Plan de Acción Oportuna para la seguridad y protección de líderes que ya se viene implementando intensamente. Además la semana pasada convocó al Sistema de Garantías de Seguridad para Líderes en Participación Política, la máxima instancia de coordinación, para recibir el 'input' de otras instancias. Con respecto a los excombatientes, por iniciativa mía y no de la Farc, se está trabajando un capítulo sobre un esquema de protección para la campaña política de octubre, porque entendemos las particularidades que va a necesitar el partido Farc para su protección. Y también por instancia mía, estamos trabajando para tener un esquema de protección colectivo diseñado especialmente para líderes del plan de sustitución voluntaria. El Gobierno ha anunciado un endurecimiento de su postura frente a la guerrilla del ELN, incluso ofreció millonarias recompensas por varios de sus cabecillas. ¿No es esto encender la llama de la guerra en una etapa de posconflicto? La política del presidente es clarísima: paz con legalidad. A aquellas personas que manifiestan sinceramente y en el marco de la institucionalidad su intención de volver a la legalidad se les ha mostrado que tenemos toda la fortaleza para apoyarlos. A los más de 13 mil excombatientes de las Farc, hombres y mujeres, que están de manera sincera dentro de su proceso de reincorporación les estamos dando las garantías de seguridad y estamos haciendo todo lo necesario para darles sus garantías en términos socioeconómicos. Pero los que son criminales y se mantengan así, al gobierno le corresponde atacarlos con todo el poder de las Fuerzas Militares. Iván Márquez afirmó en su última aparición que ni él ni alias El Paisa han dejado el proceso de paz y que desde el Ejecutivo no se ha cumplido con lo pactado. Puedo imaginarme que en el sitio donde está escondido no tiene comunicación ni información y por eso está ignorante de lo que el Gobierno está haciendo. En las zonas más afectadas por la violencia, de 16 Planes de Ordenamiento Territorial (POT), recibimos dos formulados y en este momento tenemos 15. Recibimos dos proyectos productivos de excombatientes formulados y hoy tenemos 21 aprobados. No solo hemos robustecido, sino que hemos acelerado muy significativamente todos los frentes en los que debemos cumplir. Márquez insiste en que uno de los errores del Gobierno es que “sigue pensando que la JEP no es para todos los involucrados en el conflicto sino para una sola de las partes"... Márquez dice muchas cosas y uno nunca sabe las razones. La Ley marco de la Justicia Transicional se aprobó durante la administración anterior. La Corte Constitucional la analizó y la aprobó en casi la totalidad de sus artículos. Desde el Gobierno no hemos cambiado una coma de nada de lo que fue aprobado, luego ninguna percepción que pueda tener él, en alguna parte recóndita del país, puede tener fundamento en alguna actuación oficial del Gobierno. Un breve balance de lo que ha sido la implementación del acuerdo en esta administración En lo que respecta a implementación, Colombia ha mostrado su fortaleza. Cuando llegamos al Gobierno, el presidente le pidió a la Misión de Verificación de la ONU que permaneciera en territorio. Durante el tiempo en que ha estado este Gobierno, hemos presentado dos informes trimestrales al Consejo de Seguridad, algo que casi nunca sucede. El apoyo al Gobierno Duque ha sido unánime por parte de los nueve miembros del Consejo. En el último informe, el reporte del secretario general fue muy elogioso de la adopción de ‘Paz con Legalidad’ y señaló que ese era el camino que se debía seguir. En el reporte, que corresponde a los primeros tres meses de este gobierno, se le agradece al presidente Duque que esté acelerando el proceso de implementación, todo lo contrario a lo que dicen Márquez y quienes ignoran de buena fe o mienten de mala fe... No tengo ninguna duda de que el concierto internacional está alrededor de lo que está haciendo el presidente Iván Duque. Vía: Anadolu.