Canciller ecuatoriano: “Existe una agenda para acabar con el orden democrático en Ecuador”

Por: María Donoso Desde el pasado 3 de octubre el gobierno del presidente ecuatoriano Lenín Moreno afronta una serie de manifestaciones en contra de las medidas económicas adoptadas en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Durante varios días, las protestas se han tornado violentas y el Gobierno ha acusado a varios infiltrados del anterior gobierno de Rafael Correa de estar detrás de estas. Incluso ha denunciado la intromisión del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Este sábado, luego de 10 días de protestas, y luego de los fuertes disturbios que se registraron en los alrededores del Congreso, Moreno ordenó el toque de queda y la militarización en Quito. En medio de la crisis que vive el país, el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, José Valencia, habló con la Agencia Anadolu para referirse a las medidas que ha tomado el Gobierno para hacer frente a las protestas. Pese a que varios grupos de manifestantes han acusado al Gobierno de represión y de ser el culpable de los cuatro fallecidos, Valencia aclara que "estas cuatro personas no han muerto como consecuencia de enfrentamientos con la fuerza pública”. De hecho, según él, “no hay un solo herido en todo el país con armas de fuego que hayan sido disparadas por la fuerza pública o de ningún otro tipo". ¿Ustedes, como Gobierno, consideran que esta crisis que vive el Ecuador ha sido provocada? Sí, tenemos claramente información y además se puede ver fácilmente a través de comunicados públicos y de redes sociales que a las protestas de organizaciones indígenas y de sindicatos, que están reclamando básicamente la terminación del subsidio (al combustible), se encuentran quienes tienen otros propósitos que son claramente políticos y de desestabilización del orden democrático. ¿Cuáles son este tipo de pruebas? Hay algunas pruebas e incluso declaraciones públicas que llaman por ejemplo a organizar elecciones en el país, a que el presidente renuncie y en definitiva a acciones que de acuerdo con la Constitución del país no son legales ni están permitidas. También tenemos declaraciones de llamamiento a la protesta, a tomarse instalaciones del Estado, a bloquear carreteras y a realizar actos violentos. ¿Se refiere a los mensajes públicos del expresidente Rafael Correa? Los ha hecho él, los han hecho legisladores, tenemos también pronunciamientos que han hecho otros líderes de ese partido. Pero no solamente pronunciamientos, sino que se han visto con claridad, por ejemplo, con gente infiltrada en las manifestaciones indígenas que han provocado desórdenes como saqueos de comercio, como toma de edificios públicos, destrucción de propiedad privada y pública. En ese sentido, ¿cuál es el hecho que considera ha sido uno de los actos más violentos? El punto culminante de esta acción violenta y al margen de la ley fue la toma de tres instalaciones petroleras en la Amazonía ecuatoriana que llevó a la suspensión de la producción del petróleo del país, a la suspensión del oleoducto y por tanto a la suspensión de las exportaciones de crudo ecuatorianos. En esa oportunidad un congresista partidario del expresidente (Rafael) Correa, así como otras personas afines a ese partido, fueron los actores directos de esa ocupación que pudo haber generado un desastre tremendo con cientos de personas muertas por haber un mal manejo y provocar, por ejemplo, un incendio de la instalación petrolera. El congresista y esas otras personas han sido detenidas y el fiscal del caso ha iniciado procesos penales, con estricta aplicación al debido proceso, por supuesto, porque deben responder por este acto criminal. ¿Se tienen pruebas de que estas personas hayan recibido dinero del exterior para sus manifestaciones o solo responden a una ideología del expresidente? Incluso se ha dicho que estarían vinculados con el presidente venezolano, Nicolás Maduro… Tenemos una serie de indicios que nos llevan a esa conclusión. Los organismos de seguridad del Estado están trabajando justamente para establecer con más detalles esos nexos, ese amparo que se ofrece. Nosotros estamos seguros que esos indicios serán claramente entregados a la justicia. ¿Cuál ha sido la posición del presidente Lenín Moreno en relación con este tema? El presidente de la República ha sido muy claro en esto: no se va a tolerar la interferencia o injerencia de potencias extranjeras, de países extranjeros que buscan descarrilar el orden jurídico ecuatoriano, provocar el caos, generar la alarma oficial para por esa vía obtener réditos y propósitos políticos. ¿Cuál ha sido su gestión a nivel diplomático durante esta crisis? Hemos estado en permanente contacto con varios países del área, de fuera de nuestra región. El Ecuador ha recibido pronunciamientos de más de 20 países de nuestra región, principalmente, pero de otras partes del mundo también, solidarizándose con el país frente a la violencia de estas manifestaciones. También solidarizándose con la acción del Gobierno nacional para mantener el orden democrático en el país y por supuesto llamando al diálogo para resolver las diferencias que haya por las medidas económicas del Gobierno, a través de una negociación y un diálogo. Quien sufre es el pueblo en general. Cuando las ciudades son desabastecidas de víveres por bloqueos en las carreteras o cuando no llegan medicinas a los hospitales, o cuando los estudiantes no pueden acudir a sus escuelas, ellos son las victimas reales de todos estos procesos de cierre de carreteras y manifestaciones violentas. ¿El Gobierno dará marcha atrás o revisará estas medidas económicas? El Estado ecuatoriano, una vez más, está firme con respecto a sus decisiones. Como es un Estado democrático, el presidente (Lenín) Moreno está abierto a recibir cualquier tipo de sugerencia para superar pacíficamente este tema. El presidente ha reiterado en varias ocasiones que va a continuar hasta que logremos, somos optimistas y positivos en eso, una pacificación del país. Sin embargo, aún persisten las protestas y el cierre de las carreteras… Una gran parte del territorio nacional está totalmente normalizada, existen ciertos focos como la ciudad de Quito y en algunas provincias de la sierra ecuatoriana, que no se logran normalizar, pero el Estado ecuatoriano va en esa línea, para que la normalización sea en general. ¿Durante sus gestiones algún país se ha pronunciado para actuar como mediador en esta crisis? No, no ha habido un ofrecimiento específico de un país en particular, pero tenemos buenas noticias, y es que la oficina de las Naciones Unidas en el Ecuador, más la Conferencia Episcopal, que es la Conferencia de Obispos Católicos en el país, están buscando la manera en que las partes se sienten a conversar, y ha habido reuniones preparatorias en una mesa de diálogo. La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado rechazando los hechos de violencia y el tema de violación de derechos humanos. ¿Existe un reporte a nivel internacional que valide que ha existido una violación a los derechos humanos por parte de la policía ecuatoriana? En absoluto. Aún cuando las manifestaciones han sido violentas, la Policía ecuatoriana ha actuado con gran tacto, con gran profesionalismo y disciplina siguiendo los protocolos que existen para este tipo de situaciones. Hay que lamentar cuatro personas que han perdido la vida en la última semana, pero debo mencionar que estas cuatro personas no han muerto como consecuencia de enfrentamientos con la fuerza pública; de hecho no hay un solo herido en todo el país con armas de fuego que hayan sido disparadas por la fuerza pública o de ningún otro tipo. ¿Cómo está la imagen del Ecuador luego de estos días de protestas? Yo diría que aunque hay noticias sobre las manifestaciones, las otras naciones entienden cuál es la realidad del país. Tal es así que hay una veintena de pronunciamientos y un llamado a la calma, donde comprenden las decisiones del presidente (Lenín) Moreno como las de un presidente democrático, donde llaman también ha mantener el estado de derecho, a evitar el golpe de Estado que quieren propiciar los violentos de las manifestaciones y que se lleven adelante conversaciones. ¿El Gobierno considera que esta situación se está normalizando? Hay magníficos indicios de normalización. Por ejemplo, el pasado 9 de octubre en Guayaquil, que es la ciudad más grande y poblada del país, hubo una masiva manifestación en respaldo a la posición del Gobierno, de ir a la paz social, de mantener el orden democrático. Al menos 300.000 personas salieron a las calles y eso da cuenta de que las decisiones del gobierno nacional, aún cuando sean difíciles, son comprendidas por buena parte de la población, y quienes protestan en contra del gobierno son una minoría que respetamos y que incluso con esa minoría queremos llegar a un acuerdo a través del dialogo y que no se busquen imponer acciones violentas. Días atrás fueron capturados varios ciudadanos venezolanos durante actos violentos y el vicepresidente de la República anunció que llegarían, incluso, a la deportación de extranjeros que infrinjan la ley. ¿La actual Ley de Movilidad Humana permite deportar a ciudadanos extranjeros o cómo sería este proceso? En este momento se han iniciado los tramites judiciales. El Ecuador es un Estado de derecho, nosotros no actuamos de una manera precipitada, sino apegados a las normas jurídicas. Las personas investigadas, que fueron capturadas en días pasados, algunos de ellos venezolanos que se les encontró con información sobre la movilización de las caravanas del presidente y del vicepresidente, están a disposición de los jueces. En todos los casos, los jueces serán los que tomen una decisión al respecto; si se trata de una deportación serán los jueces los que determinen. Con información de Agencia Anadolu