Fiscalía imputó cinco delitos a expresidente de Conalvías Andrés Jaramillo

Ante el Juzgado 76 Penal de Bogotá con función de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación imputó al expresidente del Grupo Empresarial Vías de Bogotá SAS (Conalvías) Andrés Jaramillo López, por posibles hechos de corrupción ocurridos entre los años 2009 y 2010. Según el delegado del ente acusador, se registraron irregularidades en el contrato 138 de 2007 desarrollado por el Grupo 5 de la Fase III de Transmilenio en la construcción de la malla vial de la Calle 26 y Carrera 10, dentro del denominado carrusel de contratos en la capital del país. La Fiscalía consideró que el exdirectivo de Conalvías habría incurrido en los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos por la adjudicación irregular de la construcción de las obras, y cohecho por dar u ofrecer, tras el flujo de dinero para pagar coimas, entre ellas, las entregadas a exconcejales y al ex alcalde mayor de Bogotá Samuel Moreno Rojas. En cuanto al contrato 137 de 2007, por el cual ya fueron procesados penalmente los integrantes del Grupo Nule, el ente investigador le endilgó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado, que supera los $267 646 951, según manifestó el fiscal asignado a este proceso penal. De otro lado, indicó que hubo supuestamente un acuerdo común de voluntades entre Andrés Jaramillo López con el exconcejal José Juan Rodríguez Rico y la exdirectora del IDU Liliana Pardo Gaona para beneficiarse ilícitamente y a terceras personas con el contrato 138 de 2007. Recordó en la audiencia pública, que “el servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años”. Aclaró que “se realizaron más de 78 modificaciones que terminaron por favorecer a la empresa Sociedad Futura de Andrés Jaramillo López”. Indicó además que en representación de una de sus empresas “tramitó y celebró adición del contrato 138 de 2007 por un valor de $35.118’891.945 sin cumplir los requisitos de selección objetiva”, concluyó el fiscal del caso.