Respaldo de Peñalosa a proyecto que busca proteger a niños y combatir venta de drogas

El alcalde Enrique Peñalosa y otros mandatarios de ciudades capitales y gobernaciones del país acompañaron a Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación, en la radicación de un proyecto de ley que busca combatir el tráfico de drogas y el narcomenudeo, castigar la reincidencia, hacerle frente a la ciberdelincuencia y garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas, todo esto para mejorar la seguridad de los niños en el país. La iniciativa está encaminada también a liberar a los niños y adolescentes de las pretensiones del narcotráfico y mitigar el impacto que en la seguridad ciudadana han causado las nuevas formas de criminalidad. Según el fiscal Martínez, “hemos inspirado un proyecto muy breve, pero muy puntual. Este proyecto toca los nervios del delito que más está afectando al ciudadano del común”. Con este nuevo proyecto de ley se sancionarán de manera drástica a los delincuentes que venden droga a los niños. Al respecto, el alcalde Enrique Peñalosa afirmó que es importante en la medida en que este “sanciona con penas agravadas a los que venden drogas con engaño a los niños, en establecimientos deportivos, bares o establecimientos comerciales de cualquier tipo. Este es un proyecto de ley muy práctico y efectivo que surge de la experiencia de los diversos alcaldes de Colombia”. “Por todo esto, estamos muy agradecidos con el fiscal, estamos convencidos de que se atacará esta problemática que es fundamental. La venta de drogas es la raíz de tantos problemas que hay en el país”, agregó Peñalosa. Los análisis de criminalidad realizados por la Fiscalía General de la Nación y el diálogo permanente con mandatarios municipales y departamentales, entre otras autoridades, evidenciaron un rezago en el tratamiento de varios fenómenos delincuenciales que aumentan en algunas zonas del país o mutaron y se valen de nuevas maniobras ilegales para dificultar su investigación y judicialización efectiva. En respuesta a esa preocupación, la Fiscalía elaboró y presentó ante el Congreso de la República este proyecto de ley que propone revisar las sanciones penales a diversos comportamientos delictivos y dotar a los fiscales y demás autoridades de mejores herramientas para combatir la inseguridad. El proyecto contempla penas de prisión de 10 a 20 años a quien “suministre, administre o facilite” drogas a menores de edad. De igual forma, penas de 4 a 8 años a quienes, en su condición de responsables de establecimientos públicos como bares, faciliten el tráfico de drogas. Con el proyecto, la Fiscalía pretende también un incremento de la pena cuando el tráfico se hace en espacios como colegios, centros culturales, deportivos y medios de transporte, entre otros. El alcalde de Medellín y presidente de Asocapitales, Federico Gutiérrez, aseguró al respecto que “con este nuevo proyecto se estará dando paz en un país donde la droga es la gasolina de la guerra”. Y a renglón seguido agregó: “Necesitamos una política antidrogas que comprenda tres grandes escenarios como lo son: la prevención para el primer consumo y tratamiento a consumidores. El segundo, la erradicación a cultivos ilícitos y la lucha contra la producción de la droga; y el tercero, la lucha frontal contra el menudeo. Esta ley es la mejor arma para combatir las estructuras criminales”, aseguró Gutiérrez. Algunos puntos contemplados en el proyecto - Se imponen penas más rigurosas para los reincidentes de delitos. - Elimina la prisión domiciliaria y libertad condicional para reincidentes. - Autoriza a la Fiscalía a solicitar la medida de aseguramiento privativa de la libertad, aun cuando sobre el imputado o acusado esté en curso una medida de esta naturaleza en otra investigación. - Penalizar el ingreso o extracción de elementos prohibidos en los establecimientos carcelarios. Tal es el caso del uso de teléfonos celulares, que facilita a las personas privadas de la libertad seguir cometiendo delitos. - De 6 a 10 años de cárcel para quien publique imágenes o grabaciones de una actividad sexual de una persona sin su autorización. - Aumenta las penas para delitos contra el patrimonio económico.