Escolta implicado en magnicidio de Carlos Pizarro quedó en libertad

Jaime Ernesto Gómez, ex escolta del líder político Carlos Pizarro, quedó en libertad en los últimos días.

El señalado estaba vinculado a la investigación desde 2014 y, desde enero de 2017, contaba con una medida de aseguramiento de detención preventiva de la libertad en la Cárcel La Picota, la cual fue prorrogada por cuatro años. 

Según informaron y denunciaron las congresistas María José y María del Mar Pizarro, hijas del ex candidato presidencial, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - CAJAR y la Comisión Colombiana de Juristas - CCJ, la libertad de Gómez se debe a dilaciones arbitrarias de la Fiscalía General de la Nación.

Antecedentes: 

Carlos Pizarro fue un líder político nacido en Cartagena y máximo comandante del Movimiento 19 de abril (M-19), el cual surgió en respuesta al resultado de las elecciones presidenciales de 1970, donde el ganador fue el político conservador Misael Pastrana.

Después de 16 años, Pizarro, en representación de dicho movimiento, firmó un acuerdo de paz con el presidente Virgilio Barco (1986 - 1990), con el fin de dejar las armas e impulsar la participación política de los desmovilizados, fue ahí cuando el líder del M-19 oficializó su candidatura presidencial para el periodo 1990 - 1994. 

47 días después de firmar el Acuerdo de Paz, Pizarro fue asesinado en Bogotá por un sicario paramilitar identificado como Gerardo Gutiérrez, alias 'Yerri', en un avión con destino a Barranquilla. 

Jaime Gómez, el ex escolta dejado en libertad, atacó con su arma de dotación a alias 'Yerri', y es señalado de homicidio, concierto para delinquir y porte de armas, esto debido a que él hacía parte del esquema de seguridad de Pizarro, suministrado por el extinto DAS, el cual, de acuerdo a las directrices dadas por el mismo ex candidato y el Gobierno Nacional, no debía portar armas. Al parecer, Gómez habría arremetido contra 'Yerri' para evitar que este hablara sobre el homicidio del líder político.

De acuerdo con el CAJAR y la CCJ, entre las acciones dilatorias para que el escolta recuperara la libertad y se viera beneficiado por vencimiento de términos, está el traslado hasta el Chocó del fiscal a cargo del caso, seguido a la asignación de otro fiscal que no realizó avances en dos años y la falta de impulsos procesales durante el tiempo de definición de las solicitudes de sometimiento del procesado.

La fiscalía de Francisco Barbosa ha sido desastrosa para un proceso judicial, que por fin, después de décadas venía avanzando. 

Las inexplicables estrategias dilatorias son una herramienta de impunidad, lo seguiré denunciando como lo he hecho la mitad de mi vida. https://t.co/qiTGFTwgB7

— María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) July 25, 2023

Los familiares y las organizaciones de derechos humanos representantes de las víctimas le hacen un llamado a la Fiscalía para que asuma la responsabilidad del caso y no haya impunidad ante el magnicidio de Carlos Pizarro, ocurrido el 26 de abril de 1990.

Por: Laura Chambueta