Así ha funcionado la figura de revocatoria en Colombia

Con la constitución de 1991 nació la ley 134 de 1994 de participación ciudadana, creada con el fin de implementar cinco mecanismos a través de los cuales el pueblo es consultado y que rigen hasta la actualidad: el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto. Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista, explica que solo 20 países manejan figuras de revocatoria: 3 en Europa (Polonia, Suiza y Rusia), 2 en Asia (Japón, Kirguistán), 4 en áfrica (Etiopía, Nigeria, Liberia y Uganda), 6 en Suramérica (Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina y Bolivia), 3 en Centroamérica (Panamá, Cuba y México -solo en chihuahua-) y en Norteamérica únicamente en Canadá y en pocos condados de Estados Unidos. Hasta 2016 se llevaron a cabo 166 procesos de revocatoria en Colombia, 165 fueron para alcaldes y uno para gobernador. Solo 50 llegaron a las urnas y 116 ni siquiera alcanzaron a recoger las firmas necesarias. Hasta hoy ningún gobernante ha sido revocado. La norma ha sufrido serios cambios: la primera ley estableció que para revocar un mandatario era necesario recoger firmas equivalentes al 40% del total de votos válidos registrados en la elección del mandatario, el día de la consulta tenía que participar el 60% de quienes votaron cuando fue elegido y además el 60% de los votos debían ser en contra del gobernante. La ley 741 de 2002 empezó a bajar los requisitos: se mantenía el 40% en las firmas, pero el umbral de participación ya no debía ser de 60%, sino de 55% y ya no era necesario obtener el 60% de los votos, sino la mitad más uno. Pero la ley 1757 de 2015, que rige hasta a actualidad, fue mucho más allá: ahora las firmas solo deben representar el 30% de la elección y el umbral pasó de 55% a 40%. La opción ganadora sigue siendo la que obtenga la mitad más uno. Hernán Andrade fue el ponente de la última ley. Según Andrade, senador del Partido Conservador, la única solución es una nueva ley estatutaria. Se desconoce cuándo se radicaría la nueva ley, pues el Gobierno no incluyó la modificación en la reforma política. Por ahora la ley que ocasionó la avalancha de revocatorias y el arrepentimiento del congreso, sigue vigente.