Estas son las críticas porque el Estado debe asumir el costo de traslado de pensiones

El decreto 558 expedido por el Gobierno nacional que traslada pensiones de fondos privados a Colpensiones, levantó duras críticas por parte de expertos y economistas, quienes indican que el Estado tendrá que asumir costos incalculables para mantener a 20.000 personas que deberán pasar al fondo público de pensionados bajo la modalidad de retiro programado.

Para el economista Mario Valencia era predecible que el Estado protegiera las finanzas de los fondos de pensión privados y que asumiera los costos que, a largo plazo, significa asumir la carga pensional de 20.000 personas: "ese tipo de personas en retiro programado viene aumentado cada vez más y en algún momento el fondo de garantía de pensión mínima, que tiene el sistema privado, se iba a agotar como es apenas evidente. Los únicos que no se van a contagiar de coronavirus en medio de esta crisis, en el caso colombiano, son los banqueros".

https://www.youtube.com/watch?v=jpz_WIHwOQE El director de Econometría Consultores manifestó que el decreto del presidente Duque ratifica que Colpensiones sí es un buen administrador de los ahorros de los colombianos: "Lo que falte, si termina faltando plata para pagar estas pensiones de salario mínimo, lo tiene que pagar también el fondo privado, en ese sentido no afecta a Colpensiones, demuestra que Colpensiones es un buen administrador y puede pagar esas pensiones y sí beneficia a los pensionados" Desde Colpensiones aseguran que los costos en los que se incurra por el traslado de los 20.000 afiliados deberán asumirlos los fondos privados.

"Corresponde a los fondos privados de pensiones trasladar a Colpensiones todos los recursos existentes de esas cuentas individuales para poder asumir el pago de las pensiones. Colpensiones calculará cuánto cuesta pagar todas estas pensiones y en caso de generarse una diferencia también será asumida por los fondos privados", sostuvo jUAN MIGUEL VILLA.

Las centrales obreras señalan que las medidas tomadas por el Gobierno derivadas por la crisis de la COVID-19 solo atienden a las presiones de empresarios y banqueros.