Infraestructura y vivienda: ¿Qué proponen los candidatos presidenciales?

Infraestructura vial y vías terciarias

• Iniciar un plan de transformación de la infraestructura nacional que aumente la competitividad de la industria colombiana, a través del aprovechamiento de las necesidades del comercio mundial para la satisfacción de las necesidades nacionales y regionales, a partir de las ventajas derivadas de la privilegiada posición geopolítica de Colombia.
• Esto incluirá la construcción de una red ferroviaria eléctrica en el país sobre la base de las grandes troncales del comercio mundial que sean complementarias al canal de Panamá para posibilitar su financiación y sostenimiento, así como las del piedemonte llanero hasta el Caribe. Recuperar la navegabilidad sostenible de nuestros ríos.
• Construir nuevas vías terciarias y hacer mantenimiento a las ya existentes para el soporte de todo el sistema agroalimentario para el mercado interno y la promoción de exportaciones agropecuarias. 

• Además de los instrumentos tributarios con base en el suelo, se asume el propósito de que los gobiernos de las ciudades adopten tributos como los cargos por congestión y distintos tipos de tasas de impacto, para mejorar la capacidad fiscal y para introducir progresiva y sostenidamente el modo férreo, el transporte eléctrico, las ciclo rutas y los tramos a pie en distancias cortas.

“Si Colombia realmente quiere avanzar en infraestructura para ser competitivo económicamente, generar oportunidades y cerrar la brecha de pobreza, debe volver la mirada también hacia el transporte férreo y el fluvial, dos alternativas que pueden bajar los costos de la carga de manera que no resulte más costoso movilizar una tonelada entre los centros de producción y los puertos, que entre los puertos y los destinos finales en el extranjero”.

• Fortalecer los programas de corredores estratégicos nacionales, de corredores regionales para mejorar el acceso de las principales ciudades y puertos, y avanzar en la recuperación de la red terciaria.
• Consolidar un sistema de gobierno corporativo en entidades del sector como la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y el Instituto Nacional de Vías, Invias.
• Aplicar un esquema de valorización con equidad en el desarrollo de las vías nuevas. Que estas no deben ser pagadas solo a partir de concesiones de peajes; aquellos propietarios cuya tierra se valoriza por la construcción de una nueva vía, deben ayudar a costearla. Como efecto, progresivamente el valor del peaje se reducirá.

Medios de transporte alternativos

• Rehabilitar la navegabilidad y la infraestructura fluvial con el propósito de fortalecer la productividad nacional, la actividad turística y el desarrollo socioeconómico de las comunidades. (Capítulo 1, Colombia líder en la lucha contra el cambio climático. Apartado “Ordenamiento territorial alrededor del agua)

• Garantizar el incremento de la eficiencia energética, mediante el impulso a la reconversión tecnológica y los sistemas de gestión de la energía en los procesos productivos e industriales y en los medios de transporte, con el fin de sustituir los combustibles de origen fósil. 
• Reemplazar el parque automotor público e incentivar el uso de vehículos eléctricos y las estaciones de recarga.
• Estimular la implementación de proyectos de hidrógeno a pequeña, mediana y gran escala y de sus respectivos sistemas de transporte y distribución. Fomentar la generación de biogás asociado a proyectos agropecuarios y de aprovechamiento de residuos sólidos.
• Se avanzará en una transición progresiva de la matriz de movilidad terrestre (carga y pasajeros) y la industria, dependientes del diésel, hacia modos férreos y sistemas de producción con mayor eficiencia energética basados en energías limpias, todo lo cual se beneficiará de incentivos tributarios, disponibilidad de asistencia técnica para el mantenimiento y soporte de suministro de energía eléctrica e hidrógeno verde.

• Se aumentará la capacidad aeroportuaria de los terminales con mayor aumento del número de turistas internacionales en los próximos diez años, se revitalizará y ampliarán los servicios la empresa SATENA, para interconectar las diferentes zonas del país.
• Se fomentará el desarrollo de plataformas logísticas especializadas (intermodales Férreo- Carretero-Fluvial) que mejoren los tiempos y procesos logísticos y disminuyan costos, para mejorar la competitividad del país.
• Impulsar el desarrollo de los modos de transporte férreo y fluvial, se adoptará una normatividad y reglamentación ajustada a los estándares internacionales vigentes, se creará la institucionalidad necesaria para la planificación, operación, mantenimiento y sostenibilidad y se adoptarán instrumentos de financiación para apalancar inversiones en infraestructura y equipamientos de transporte de estos modos, así como para el mantenimiento y actualización de las existentes.
• Se impulsarán en todo el país sistemas públicos de movilidad con energías limpias y tarifas al alcance de la gente. 
• Promover, con los gobiernos distritales y municipales, incentivos al uso de los medios más eficientes y de menores emisiones, en transporte público implementación de proyectos de metro, trenes interurbanos, trenes regionales, buses y taxis eléctricos, sistemas inteligentes de transporte, así como promoción y ampliación de las alternativas de movilidad activa: caminar e ir en bicicleta y en otros medios de micromovilidad, así como la prioridad en el uso de la infraestructura vial en los períodos pico para los desplazamientos cotidianos en el transporte público.

• Desplegar un fuerte plan de recuperación, ampliación y modernización de la red pública hospitalaria nacional que incluye sistemas de transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre para llevar servicios de salud a millones de colombianos que hoy no tienen ningún acceso.

• Impulsar el movimiento de mercancías a través del transporte férreo, fluvial e intermodal, con el fin de garantizar una cadena de suministros eficiente y mejorar la productividad y la competitividad.
• Construir 14 mil kilómetros de vías terciarias con calidad, con mano de obra local y en referencia de ejemplos internacionales como el “Camino a Santa Ana”, en México.

• Recuperar la navegabilidad del río Magdalena para disminuir los costos de transporte de carga. El Río es la más rentable autopista colombiana, pero está desaprovechado. Es urgente replantear los términos contractuales de su mantenimiento.
• Impulsar el mejoramiento de la infraestructura fluvial y portuaria para aumentar los volúmenes de carga transportada y reducir los costos.
• Ejecutar un plan de infraestructura para transporte intermodal que reduzca en un 20 % los costos logísticos.
• Habilitar las vías férreas existentes adecuándolas a trocha ancha para trenes eléctricos con pendientes máximas del 3 %. La financiación será extranjera, por lo que se ofrecerá a los inversores un pago por usuario en el transporte de pasajeros y por tonelada en carga. El faltante será asumido por el Estado.
• Revisar los precios de costos directos e indirectos abusivos de las vías construidas por concesión. Con base en ello, dialogar con el contratista para llegar a un equilibrio. En caso de que este se oponga a un acuerdo, apelar a la justicia por el desequilibrio financiero del contrato. Al revisar los precios hasta llegar a los justos, como consecuencia debería reducirse el valor de los peajes en el país.
• Garantizar el mantenimiento de las obras que ya son de la Nación (Concesiones entregadas).
• Establecer subsidios por pasajero a aerolíneas privadas para que operen más regularmente las rutas de zonas apartadas.
• Implementar peajes electrónicos para beneficio no solo de la movilidad sino también para el mantenimiento de las mismas vías, que sufren cuando el transporte pesado debe desacelerar para pagar manualmente el peaje e inclusive para ahorrarles a los mismos transportadores tiempo y costos de mantenimiento.
• Crear un marco claro y transparente para fijar el precio de los combustibles. Realizar reformas a la fórmula de cálculo del valor de los combustibles y quitar gradualmente parte de la carga impositiva. Generar tarifas justas para los actores de la cadena de transporte de carga.

• Invertir en esfuerzos para la producción de energías alternativas ante la inminencia de la falta de petróleo y gas en la próxima década, si se toman solo las cifras de reservas probadas, que es lo más sensato.
• Desarrollar un sistema de transporte y distribución de combustible para garantizar abastecimiento, incluso en situaciones extremas.
• Promover la electrificación de la economía con criterios de eficiencia. Sustituir combustibles contaminantes por energéticos de bajas emisiones.

• Revisar el parque automotor de todo el transporte público. Aquellos que tengan más de 10 años serán valorados para su salida de circulación, brindándole alternativas a los dueños para su renovación, tal como propusimos con el parque automotor de carga para darle oportunidad a los pequeños propietarios de renovar su flota.
• Conectar las terminales de transporte intermunicipal con los sistemas de transporte urbano. Entregarle a la Superintendencia de Puertos y Transporte herramientas sancionatorias efectivas frente a la informalidad.
• Generar oportunidades de reconversión que desincentiven la oferta de servicios de mototaxismo. En nuestro gobierno este gremio será priorizado dentro de las oportunidades laborales que se diseñen.
• Apoyar en las grandes ciudades la construcción de trenes subterráneos y en las ciudades intermedias el sistema de tranvía.
• Desarrollar el servicio de plataforma con automotores eléctricos, que abaraten los costos del transporte.

• Estimular el uso del gas natural vehicular, GNV, en los sistemas de transporte masivo, así como en todos los medios de movilidad urbana.

Vivienda

• Reasentar a las familias ubicadas en zonas de alto riesgo implementando procesos integrales de recuperación y protección de las áreas ocupadas y garantizando el traslado de las familias mediante diferentes modalidades que dignifiquen su calidad de vida, como la construcción de proyectos colectivos de vivienda que integren iniciativas productivas en zonas urbanas o retorno a lugares de origen con proyectos de vivienda dirigidos a promover el repoblamiento de municipios y la economía productiva de zonas rurales.

• Adoptar, de la mano de los gobiernos municipales urbanos y de las organizaciones sociales, instrumentos para proteger la permanencia de las familias de medianos y bajos ingresos en las zonas centrales y para promover programas de revitalización urbana incluyentes, respetuosos de las actividades económicas y populares tradicionales y con oferta de vivienda de interés prioritario y social y en alquiler.

• Avanzar en una política pública de vivienda social que permita remontar la desigualdad y exclusión de los habitantes rurales y de la ciudad informal.
• Por la vía de las alianzas público-populares con organizaciones sociales y comunitarias en los territorios, se impulsará un programa masivo de construcción y mejoramiento de viviendas rurales y urbanas en asentamientos de origen informal, adecuada culturalmente a las realidades regionales que considere la construcción vernácula, resolviendo problemas estructurales de orden regulatorio, financiero, técnico y operativo.

“Toda esta transformación debe hacerse de la mano con el ajuste normativo a las leyes 388 de 1997 y 1454 de 2011 de Ordenamiento Territorial para enfocar la reorganización territorial del país alrededor del agua, permitiendo autonomía, articulación y financiamiento a los territorios, incluidos los del campesinado y los pueblos afrodescendientes, negros, palenqueros, raizales e indígenas. Esto implica la democratización del espacio urbano y rural ya explicado en la transición hacia una economía productiva”, se lee en el programa de Petro.

• Promover los procesos asociativos, autogestionarios y de autoconstrucción con enfoque territorial y asistencia técnica para el acceso a la vivienda a través de organizaciones populares de vivienda, eliminando la obligatoriedad de tener previamente suelo. 
• Se fortalecerá la institucionalidad local para avanzar en programas de reasentamientos, titulación de predios y mejoramiento de vivienda y de barrios, desarrollo de intervenciones integrales y sostenibles que reconozcan las particularidades del hábitat popular. El Estado definirá los mecanismos para que los municipios del país estén obligados a producir bancos de suelos públicos.
• Se impulsará el programa nacional de mejoramiento barrial comunitario, como mecanismo de regularización urbanística o legalización de barrios y del mejoramiento integral de barrios. 
• Se impulsará el saneamiento y masificación de la titulación (escrituración) como garantía del derecho a la vivienda, al mismo tiempo que se promoverán los proyectos intersectoriales de mejoramiento integral de asentamientos humanos con salud, ambiente, cultura, etc. 
• La promoción de hábitat verde será una prioridad en todo el territorio nacional, como apuesta por la producción de oxígeno y sumideros naturales de gas carbono.
• La política de vivienda adoptará una reglamentación que promueva proyectos de construcción a partir de los materiales del lugar, que implementen ahorros de energía y agua, y gestión de residuos orientada al aprovechamiento, así como el uso de tecnologías como paneles solares y tecnologías limpias para el saneamiento, con propuestas innovadoras adecuadas a los hábitos y costumbres de los hogares, así como a las condiciones ambientales y paisajísticas de las zonas.
• La reglamentación de la Vivienda de interés social y Vivienda de Interés prioritario tendrá que ser revisada a ajustada a través del Reglamento técnico mínimo obligatorio sobre la VIS y VIP. Los porcentajes de suelo destinados a vivienda de interés prioritario y social se establecerán de acuerdo con el crecimiento de los hogares y sus condiciones socioeconómicas en cada centro urbano.
• Se promoverán programas de mejoramiento de edificaciones patrimoniales con oferta de vivienda de interés social o con programas de vivienda para clases medias y proyectos de revitalización con protección de los propietarios originales y con oferta de vivienda de interés social y prioritario.
• La democratización del crédito permitirá el acceso a la vivienda con progresividad que incluya líneas especiales complementadas con subsidios para la compra y el mejoramiento de la vivienda popular. 
• Para la vivienda no popular, se promoverán sistemas de crédito hipotecario que permitan a las familias adquirir vivienda en plazos y tasas acordes con el ingreso familiar.
• Desarrollar una política pública de arrendamiento con una gama de alternativas que incluya la construcción de equipamiento estatal, construcción y/o ampliación de vivienda usada para alquiler, combinación de incentivos de crédito y subsidio bajo modelos conduzcan a que las personas se puedan convertir a mediano plazo en propietarios.

"Se hace imperativo mantener los subsidios asociados a las VIS (Viviendas de Interés Social) y las VIP (Vivienda de Interés Prioritario) que contemplan este año para las primeras un mínimo de 42 m² de área total construida por unidad y cuyo valor máximo no puede sobrepasar 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes, SMLMV, que equivalen a 70 millones de pesos (2022) y para las segundas un subsidio de hasta 90 SMLMV, que para 2022 corresponden a 90 millones."

• Ejecutar un programa nacional de vivienda rural que incluye la creación de aldeas rurales integrales, es decir, con servicios habitacionales completos; este programa debe comenzar por las costas del Pacífico y continuar por la Atlántica, antes de abordar el interior del país. Este proyecto tiene como propósito cerrar la brecha de la pobreza rural desde un enfoque integral, el cual desarrolla habilidades para la vida comunitaria, solidaria y asociativa. Esta iniciativa se hará de acuerdo con el nuevo concepto de Vivienda de Interés Cultural, VIC.
• Las viviendas familiares tendrán un área mínima de 60 metros cuadrados, con una estructura prefabricada para generar empleo desde la “autoconstrucción”. Con esto se evita el desplazamiento a las ciudades y, en cambio, se estimula el retorno al campo.
• El programa de vivienda estará en capacidad de solucionar necesidades básicas en un lote de 72 m² (6x12), cuya construcción se va expandiendo progresivamente hasta 126 m², dándole respuesta a la costumbre de integrar las nuevas familias bajo un mismo techo. Dentro de esta iniciativa resulta fundamental construir soluciones ubicadas en zonas céntricas, así resulten más costosos los terrenos, de manera que las familias tengan fácil acceso a sus trabajos y centros educativos.
• Diseñar un plan de incentivos para el ahorro e inversión en vivienda nueva. Esto debe fortalecer el acceso a la vivienda formal en todos los segmentos de la población, con especial énfasis en el campo.
• Fijar incentivos asociados a la habilitación de suelo (bajo los criterios de planificación de los POT) para los municipios y distritos que cumplan las metas, según requisitos, parámetros y criterios que defina el gobierno nacional.
• Trabajar de la mano de los municipios para gestionar las tierras necesarias. Generar un instrumento de habilitación ‘fast track’ de tierras para los proyectos de vivienda.

• Revisar el alcance de programas como: Familias en acción; Jóvenes en acción; Subsidios para mejoramiento de vivienda; Infraestructura social y hábitat; Mi negocio; Iraca (Intervenciones Rurales Integrales); Familias en su tierra; RESA (Red de Seguridad Alimentaria); Estrategia UNIDOS (Acompañamiento familiar transversal e intersectorial para hogares vulnerables en salud, educación, trabajo y vivienda), con el fin de que la estructuración financiera inteligente de la renta básica permita al gobierno central la optimización de recursos sin sacrificar coberturas.