Procurador anuncia indagación a Director de la ANI por escándalo Odebrecht

El procurador general de la Nación, Fernando Carillo, anunció este miércoles cuáles han sido los avances de este ente de control en el escándalo de corrupción de la firma brasileña Odebrecht en Colombia.

Según explicó Carrillo, se iniciaron indagaciones preliminares con el fin de identificar las posibles conductas y presuntos responsables en este caso de sobornos para obtener adjudicación de obras.

“Estas indagaciones tienen que ver con el contrato Ruta del Sol II y los otrosí que se firmaron, el préstamo del Banco Agrario a Navelena, el contrato suscrito por la empresa de Acueducto de Bogotá y Odebrecht para el proyecto de interceptores Tunjuelo – Canoas y el contrato firmado por el Invías para la ejecución de la obra que comunica a Puerto Boyacá con Chiquinquirá”, se lee en un comunicado publicado por la Procuraduría.

Sobre la adjudicación del contrato, la entidad investigará a Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte; Otto Nicolás Bula, exsenador, altos directivos de Odebrecht y a seis funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura: su presidente Luis Fernando Andrade, Alexandra Lozano Vergara, José Andrés Torres Rodríguez, Daniel Francisco Tenjo Suárez, Ernesto Durán Vargas, Mauricio Orlando Castro Castaño y Andrés Figueredo Serpa.

El ente de control también puso la lupa sobre los miembros de la junta directiva del Banco Agrario durante el proceso de préstamo de 120 mil millones de pesos a Navelena, consorcio del que hace parte Odebrecht, y sobre el exgerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, Jorge Pizano.

La Procuraduría también exigió que “se establezca que la protección de los derechos colectivos de la sociedad colombiana está por encima de los patrimoniales de la empresa Odebrecht, toda vez que esa firma espera que un tribunal de arbitramento condene al Estado colombiano a pagar cerca de 263 millones de dólares. Óigase bien: 798 mil millones de pesos”.

Igualmente, el Ministerio Público pidió la restitución inmediata de los 11,1 millones de dólares de los sobornos que pagó Odebrecht en el país, como blindaje jurídico y judicial al compromiso que fue anunciado por el Fiscal General hace unos días. 

Por último, hizo hincapié en la necesidad de que Odebrecht responda por el daño patrimonial en términos de reparación que este caso de corrupción ha generado al desarrollo económico y social del proyecto Ruta del Sol II (Puerto Salgar – San Roque) y que el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca ordene las medidas necesarias para garantizar que esta obra no quede paralizada.

“Es clara y será una política de esta Procuraduría que la prescripción no puede ser un cómplice ni un amparo para los corruptos. Los términos legales no pueden ser un camino a la impunidad”, advierte el comunicado.