Continúan audiencias de verdad por Falsos Positivos en Antioquia entre 2004 y 2008

Este lunes, la Jurisdicción Especial para La Paz —JEP por sus siglas—, entidad transicional creada con el fin de esclarecer hechos del conflicto armado colombiano, adelantó varias audiencias en Antioquia relacionadas con ejecuciones extrajudiciales ocurridas, según la investigación de la entidad, entre 2004 y 2008.

Las audiencias comenzaron el pasado viernes 1 de marzo y terminarán el martes 5 de marzo. Estos cinco días tienen como objeto comparar y cotejar información de más de 80 declarantes respecto al delito que en su momento se presentó en otros lugares como el vecino municipio de Soacha.

El caso 03: verdad, justicia y esclarecimiento de los hechos

Este tipo de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como Falsos Positivos, implicaban que miembros de la fuerza pública asesinaron a civiles con el fin de hacerlos pasar como bajas —para ello se servían de todos los ornamentos: vestían al cadáver con prendas camufladas relacionadas con algún grupo subversivo—  y recibir diversas recompensas.

En el marco de las investigaciones llevadas a cabo por entes como la Fiscalía o la Comisión de La Verdad, la JEP ha puesto su grano de arena con la apertura del Caso 03, el cual se centra en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas de combate por agentes del Estado.

Probablemente el hecho más reciente y significativo de las investigaciones es la imputación por crímenes de lesa humanidad al general retirado Mario Montoya. La JEP lo señaló, junto con ocho uniformados más, por 130 ejecuciones extrajudiciales en el Oriente Antioqueño.

La sentencia, emitida el 30 de agosto de 2023, brindó un panorama del accionar relacionado con este delito:

“Esos oficiales, mediante la articulación de órdenes genéricas y, en algunos casos, implícitas, y de medidas de diversa naturaleza, instigaron o indujeron a los ejecutores materiales, a pesar de no tener siempre contacto directo con ellos y encontrarse, por regla general, relativamente alejados del lugar de la perpetración. El rol que cada uno de ellos ocupó para la época de los hechos en la institución militar los puso en capacidad de incidir directamente en la aparición y consolidación del patrón macrocriminal, en el que se enmarcan los crímenes imputados”, indicó la Jurisdicción.

Si bien las acusaciones contra Montoya se remiten a 2002 y 2003, en la actualidad también se investigan otros hechos relacionados, sobre todo, con la desaparición forzada.

“La Fuerza Pública, que nunca estuvo presente, sí estuvo ahí para asesinar a mi madre”

En las audiencias de estos primeros días de marzo participan más de 200 víctimas acreditadas por la entidad con el fin de dar sus versiones de los hechos y compararlas con las confesiones públicas de los militares investigados.

El epicentro de las ejecuciones extrajudiciales investigadas es Medellín —la JEP estuvo ahí el 1 y el 2 de marzo— y Carmen de Viboral —donde fue la audiencia de hoy y se dará mañana la de cierre—.

“Contrastaremos de manera muy rigurosa todo lo que han dicho los comparecientes con lo que ustedes nos van a decir. Queremos ver si ellos están diciendo la verdad, a partir de lo que ustedes nos van a contar, a partir de lo que está en los expedientes judiciales, de todas las pruebas que hemos recopilado”, dijo Catalina Díaz, magistrada de la Sala de Reconocimiento de la Verdad, una vez comenzaron a brindarse los testimonios.

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Entre las víctimas escuchadas durante las jornadas apareció Luis Fernando Castro, quien, al relatar la historia de la desaparición de su hijo, brindó uno de los móviles más conocidos de las ejecuciones extrajudiciales de principios de siglo: el engaño bajo ofertas laborales.

“Interviene Luis Fernando Castro, padre de Juan David Villa, quien fue engañado con falsas ofertas laborales en la vereda San Pedro de Alejandría. Su asesinato ocurrió el 28 de enero de 2006, por parte de miembros del Batallón Energético y Vial”, escribió la JEP en su cuenta de X (antes Twitter) durante el seguimiento del primer día de audiencias.

En la mañana de este lunes se escucharon más testimonios y las víctimas tuvieron participación frente al micrófono:

“Uno no entiende que esa Fuerza Pública que nunca estuvo presente para proteger a mi madre cuando actores ilegales asesinaron a su familia, esa misma Fuerza Pública sí apareció para asesinar a mi madre”, fueron las palabras de Marino Antonio Mazo, habitante del corregimiento de Santa Ana (Antioquia), durante la comparecencia ante la magistrada Díaz.

 

 

 

 

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Recordemos que la Jurisdicción Especial para La Paz, en calidad de justicia particular relacionada con el conflicto y enmarcada en el proceso de desmovilización de la extinta guerrilla de las FARC, tiene una vigencia de veinte años: en 2037 se contempla su desmantelación y por ello las investigaciones de estos años son apoyadas por otros organismos y entidades que buscan la verdad y la reparación.