Amnistía para las Farc
El proyecto que fue aprobado por el Congreso de la República, el pasado 30 de diciembre de 2016, bajo el mecanismo del ‘Fast Track’, ha sido criticado y elogiado por sectores políticos y ciudadanos, asegurando que es una puerta a la impunidad, mientras otros sostienen que es el camino a la reconciliación.
La Human Rights Watch se mostró preocupada a finales de 2016, sobre la Ley de Amnistía expresando que “el proyecto de ley hace referencia a figuras delictivas que no tienen un correlato explícito en el derecho colombiano; utiliza categorías legales imprecisas y vagas que se prestan abusos; sólo excluyen explícitamente de amnistías a ciertos crímenes de guerra; e invoca un estándar insuficiente sobre el delito de reclutamiento de menores”.
La Ley de Amnistía busca cobijar a los guerrilleros que hayan cometido delitos políticos y delitos conexos, exceptuando a aquellos que incurrieron en delitos de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, la toma u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, delitos de sustracción de menores y reclutamiento de menores.
El presidente, Juan Manuel Santos, firmó la semana anterior un decreto para beneficiar a 3.252 guerrilleros de las Farc. Con esta nueva orden han sido cobijados 7.696 exguerrilleros con la amnistía sin indultos.
En la Pepa analizamos a profundidad la Ley de Amnistía para las Farc y el indulto a los guerrilleros.
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