¿Qué proponen los candidatos presidenciales en términos de seguridad?

Negociaciones con el ELN

Sustitución de cultivos de uso ilícito

Así las cosas, Gustavo Petro propone: 

• Avanzar hacia una agenda internacional concertada basada en los derechos humanos y la construcción de la paz la transformación económica de los entornos productores sin criminalización de los cultivadores, la protección de la naturaleza, la regulación, el sometimiento judicial de las organizaciones criminales y el abordaje del consumo como un tema de salud pública. 
• Prohibirá la aspersión aérea de exfoliantes como el glifosato, por razones de salud pública y ambiental.
• Impulsará la sustitución de tierras y de economías para que las poblaciones rurales hagan parte del nuevo modelo de economía productiva, dejen de ser perseguidos, fumigados y judicializados y se beneficien complementariamente de la regulación participando como propietarios de los nuevos encadenamientos productivos.
• Eliminará la dependencia macroeconómica del Estado de las rentas de la cocaína como mecanismo de estabilización.
• Se implementarán programas que garanticen ingresos seguros y dignos a la población rural, debilitando y eliminando la dependencia de esta de los capitales de la cocaína, a través de la sustitución del proceso productivo y comercial de la coca, que tendrán como base la democratización de la tierra, el crédito y el saber con permanente apoyo técnico para lograr mayor productividad y reinserción en económica del pequeño productor. 
• Se promoverán cultivos de alta rotación, agroindustria campesina asociativa, merma de peso y volumen que facilite el transporte, y garantía de mercado y precios mediante una ley de acceso de los productos alternativos a las grandes cadenas.
• Se investigarán los usos benéficos que pueden tener los productos derivados del cannabis y la hoja de coca, impulsando un importante sector productivo que involucre al Estado, el sector privado y las formas cooperativas y comunitarias para la economía nacional e internacional. Se potenciará el desarrollo de la agroindustria cannábica -como en la mayor parte del mundo- hacia su regulación.
• Buscaremos reorientar los esfuerzos de la cooperación internacional para que pasen del financiamiento destinado a la guerra antidrogas, al apoyo a las políticas y programas de transformación económica en las regiones más afectadas.
• Implementaremos una política de educación, prevención, tratamiento y atención de las personas con consumo de sustancias psicoactivas con enfoque de reducción de riesgo y daño. Se pasará de la criminalización del consumo, al manejo como asunto de salud pública. 

La propuesta de Rodolfo Hernández se centra en: 

• Implementar modelos asociativos o agroempresariales entre grandes, pequeños y medianos productores para la transformación de los productos agrícolas. Para ello, en todas las regiones se apoyará la generación de dicha industria con el objetivo de que intervenga, por ejemplo, en el proceso del cannabis medicinal, de la amapola y de la coca en aceite, así como otros derivados. Esto tendrá como efecto colateral una contribución a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, incidiendo en la reducción de la violencia al afectar la financiación de grupos armados al margen de la ley.

• Un producto en donde el país puede hacerse muy fuerte es el cannabis medicinal, pues hay mucha tierra que podría dedicarse a este promisorio cultivo, como lo demuestra la gran cantidad de inversión extranjera que ha llegado para producirlo en muchas regiones del país. Prácticamente el cannabis puede sembrarse en todo el territorio nacional y podría ser una excelente alternativa en el programa de sustitución de cultivos.

• Desarrollar un censo de adictos a sustancias alucinógenas en clave de salud pública. Partiendo de la perspectiva de que las adicciones son enfermedades crónicas, se hace necesario cambiar el enfoque en el tratamiento y crear centros de atención para adictos. En estos centros, con el acompañamiento de profesionales expertos y la atención integral, se aplicarán procedimientos controlados de las sustancias psicoactivas a las personas adictas, evitando con ello la condición de indigencia y los riesgos que corren al tratar de conseguir sus dosis en las llamadas ‘ollas’. Este programa es una base fundamental en el control del Estado de sustancias psicoactivas y es un aporte diferencial y novedoso en la lucha contra el narcotráfico. Le quitaremos los consumidores a la droga y a las mafias del negocio.

¿Qué hacer para proteger a los líderes y lideresas sociales?

Por otra parte, sobre la protección en general para los líderes y lideresas menciona: 

• Habrá políticas de protección y fortalecimiento de líderes sociales y movilización social. Las cuales impliquen rescatar el enfoque de seguridad humana para la defensa de líderes sociales desde un enfoque diferencial individual y colectivo.
• Se reestructurará la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que su principal objetivo sea la previsión y prevención de los ataques a los hombres y mujeres líderes sociales, atienda y enfrente las amenazas que viven, supere las vulnerabilidades y aumente sus capacidades para que no haya condiciones de riesgo en su ejercicio de liderazgo. 
• Se estructurará un sistema de monitoreo y atención a represalias por denuncias y procesos de exigibilidad de derechos, con medidas específicas para casos de empresas y de instituciones del Estado.
• Instalaremos y fortaleceremos las Mesas Territoriales de Garantías como espacio de interlocución permanente entre sociedad civil y autoridades, y de seguimiento a las dinámicas de las organizaciones y conductas objeto del Decreto-Ley 154 de 2017.
• Crearemos el Programa Integral de Seguridad Humana para las comunidades y las organizaciones sociales en los territorios, basadas en estrategias de diálogo intercultural, que posibiliten el mutuo reconocimiento de la diferencia y legitimidad para garantizar protección efectiva de acuerdo a los propósitos trazados en la política pública.

¿Qué pasará con la Policía, el Esmad y las Fuerzas Militares?

Gustavo Petro: 

• El redimensionamiento de la Policía Nacional conforme al mandato constitucional implica que sea reubicada bajo el Ministerio de Interior o de Justicia (Alemania y EE.UU., son ejemplo de ello). 
• Se recuperará, a nivel institucional y operativo, el carácter civil del cuerpo policial y de acuerdo con ello. Así, se redefinirán sus funciones y prioridades, que incluyen el desmonte del ESMAD y el tránsito a una fuerza orientada a la solución pacífica e inteligente de conflictos.
• La reestructuración de la Policía Nacional debe contar con una amplia participación ciudadana que recoja tanto las experiencias como las propuestas, las particularidades de los territorios y la manera de enfrentar la corrupción al interior de la institución con un alto componente de veeduría ciudadana permanente en todas y cada una de sus actuaciones.
• La nueva Policía garantizará la convivencia y seguridad humanas, no cumplirá funciones exclusivas de las fuerzas militares, ni prestará servicios de escolta, o administrativos no relacionados con sus funciones constitucionales, como cargar maletas o hacer mercados.

Respecto a las Fuerzas Militares enfatiza:

• Avanzaremos en la desmilitarización de la vida social.
• Consolidaremos el principio constitucional de la prevalencia de la autoridad civil sobre la militar, la promoción del respeto y la garantía de los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de todos las personas, grupos y comunidades en todo el territorio nacional.
• La reforma progresiva de las FFAA debe orientarse a poner en el centro el bienestar y la educación de su principal activo: los hombres y mujeres que las conforman.
• La terminación del conflicto armado conduce a un ajuste de los roles, de las misiones y de la llamada “doctrina de seguridad nacional”, que será reemplazada por una nueva política de defensa nacional.
• El servicio militar dejará de ser obligatorio y respetaremos la objeción de conciencia; todos los miembros de las FFAA accederán a la educación superior y más y mejor formación en DDHH, DIH y en diversas áreas del conocimiento. 
• Ajustaremos la política de ascensos por la vía de la meritocracia, promoviendo la igualdad de condiciones para que el más bajo rango pueda ascender.
• La institucionalidad debe ser más corporativa para ser más eficiente, más estratégica para transparentar sus procesos de contratación y más operacional para organizar mejor su estructura y funcionamiento interno.
• Esta transformación incluye el ajuste en términos salariales y reconocimiento de pensión que reconozca la profesionalización en condiciones dignas y justas. 
• Se revisará la asignación y distribución del presupuesto, los procesos de contratación y los mecanismos de gastos reservados. Igualmente se fortalecerán los procesos de investigación y juzgamiento de la justicia penal militar en perspectiva de la superación de la impunidad y colaboración con la justicia ordinaria y la transicional.  Impulsaremos la eliminación del fuero penal militar. Asimismo, prevendremos y castigaremos con severidad la violencia de género al interior de las FFAA.

• Asegurar el bienestar del personal de las Fuerzas Armadas en todos sus ámbitos, incluidas sus garantías jurídicas. 
• Se revisará el sistema de ascenso para permitirle al uniformado raso aspirar a posiciones que hoy le son negadas en la carrera militar. Los sueldos y las prestaciones serán mejorados; para ello, hay que recortar los gastos ineficientes, por ejemplo, el que cubre a personal ejecutivo y a prestadores de servicio externo con algunos beneficios pensados para compensar la ardua labor del combatiente.
• Modernizar el equipo militar, en primer lugar, a través del impulso a la investigación, la innovación y el desarrollo de proyectos tecnológicos nacionales en procura de minimizar la dependencia de terceros países. Los miembros de las fuerzas militares estarán cobijados para acceder a la educación formal en todos los niveles y serán incluidos en los convenios de generación de patentes.
• Fortalecer el sistema de justicia de la fuerza pública y generar garantías que permitan la cabal aplicación de la JEP para sus miembros y la protección de sus integrantes que, actuando en cumplimiento de su misión, sean requeridos por instancias internacionales mediante un fuero de protección.
• Garantizar el respeto por sus competencias a las Fuerzas Armadas para que cumplan adecuadamente con su función constitucional y mantener el orden a lo largo del territorio colombiano, áreas marinas y espacios aéreos. Igualmente, el mantenimiento de la soberanía, la integridad y preservación del territorio, la riqueza de nuestros recursos y riquezas.
• Impulsar el desarrollo de operaciones conjuntas. Esto deberá estar acompañado de una participación integral entre las agencias del Estado, que haga sostenibles los éxitos militares, muchos de los cuales han sido logrados por esa vía.
• Implementar una estrategia de fortalecimiento de la imagen institucional de las fuerzas armadas, teniendo como eje central el concepto de legitimidad. Para ello, se impulsará la formación en derechos humanos.
• Revisar y depurar la Policía Nacional de manera que recupere la confianza ciudadana y se minimicen los abusos de autoridad. Los miembros de la fuerza pública involucrados en violaciones a derechos humanos serán retirados.
• Definir una política clara de defensa nacional (soberanía - conflicto armado interno) que integre no solo las necesidades propias de la acción armada, entiéndase compra y manutención de herramientas bélicas, sino mecanismos alternativos que busquen la estabilidad social de aquellas zonas en las que los actores armados ejercen formas de control político y territorial.
• Establecer un nuevo concepto global sobre la seguridad de la Nación que determine una estrategia puntual, coordinada y articulada con las demás políticas de Gobierno; esto, para cada amenaza, riesgo o vulnerabilidad, como parte de un proyecto compartido de una gran estrategia integral de seguridad y defensa nacional.